No hay una sola familia en territorio nacional que tenga guardada una muestra de las huellas dactilares de sus hijos
El reciente caso de una niña de 7 años robada en Chiapas pone en la mesa de discusión la urgencia para que los mexicanos no tengamos que esperar hasta los 18 años para contar con un documento que acredite nuestra nacionalidad.
En efecto, desde su nacimiento hasta los 17 años y 364 días, un niño y luego joven mexicano difícilmente puede acreditar su identidad, ya que una credencial escolar carece de validez oficial, y seamos honestos, pocas familias pueden pagar un pasaporte.
Más aún, no hay una sola familia en territorio nacional que tenga guardada una muestra de las huellas dactilares de sus hijos, a los cuales basta con una serie de trámites para cambiarles la identidad y convertirlos en mercancía.
Si bien la menor de edad fue liberada y ya se encuentra con su familia, este caso es una excepción pues la desafortunada regla es que estos infantes son sustraídos y literalmente vendidos para diversos fines, sea adopción o hasta explotación de diversa índole.
El pasado 17 de julio entró en vigor la CURP biométrica, la Clave Unica de Registro de Población con fotografía facial y de iris, huellas digitales y otros datos, esta se encuentra en una etapa piloto en pocos estados y no podrán registrarse a niños desde recién nacidos hasta los 5 años, por lo que esos menores se encuentran en un limbo.
Han pasado casi 28 años, un cuarto de siglo, desde que en el gobierno de Ernesto Zedillo fue lanzada la CURP, y en un México en que las desapariciones forzadas, el secuestro de menores, el mercado negro de adopciones y la explotación laboral y sexual, entre otras.
Han pasado también 14 años desde que en el gobierno de Felipe Calderón fue creado el Registro para Obtener la Cédula de Identidad para Menores, el cual nunca prosperó.
En suma, en México no tenemos un registro cien por ciento confiable sobe nuestra población, salvo censos del INEGI con dudosos resultados, y negarle a los ciudadanos de cualquier edad su derecho a la identidad ya alcanza categoría de crimen.
