Sus explotadores y nuestros gobiernos les han robado la infancia
Un operativo de la Fiscalía General de Justicia desmanteló una red de explotación infantil y logró el rescate de 10 niños y de tres adultos obligados a pedir limosna, limpiar vidrios y a realizar malabares.
Hasta aquí vamos bien, el punto real es que estas acciones tuvieron lugar en el estado de Sonora, donde a esta banda criminal les fueron asegurados dinero, 18 actas de nacimiento, teléfonos celulares, pelotas y otros objetos para hacer malabarismos, todos ellos confiscados como evidencias de este delito.
Para quien le suene familiar este escenario, tenga presente que en Baja California se repite exactamente el mismo fenómeno: niños que peligran lanzando pelotas entre autos y camiones, niñas cuidando niños más pequeños y otras que van de carro en carro colocando letreros en los parabrisas pidiendo “una ayuda”, todos ellos expuestos a los humos contaminantes, al riesgo de ser arrollados y que viven entre la desnutrición y que obviamente no asisten a ninguna escuela.
La gran diferencia entre el caso de Sonora y el de Baja California es que en nuestro estado ninguna autoridad quiere asumir la responsabilidad de esta explotación y todos, absolutamente todos patean el bote.
El gobierno estatal se lava las manos y remite las denuncias al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, el DIF, el cual a su vez lo hace llegar al nivel municipal, y todo un convoy integrado por policías de la ciudad, de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, agentes ministeriales, estatales y federales ven a estos infantes sin pestañear.
Y para efectos legales, cabe destacar que el Código Penal Federal castiga hasta con 30 años de cárcel los trabajos forzados, sobre todo si los explotados son menores de edad. Por si fuera, poco, también contamos con la La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas que también impone penas de 15 y hasta 30 años de prisión.
Pero en Tijuana y en general en Baja California, no hay autoridad, dependencia u órgano autónomo que haga valer la ley y habrá que esperar hasta que uno de estos niños muera arrollado por un carro o un pesado camión para que los funcionarios omisos lloren lágrimas de cocodrilo y declaren que erradicarán este mal hasta sus últimas consecuencias. Pero hoy por hoy, nuestras calles siguen siendo el campo de trabajo para estos menores a quienes sus explotadores y nuestros gobiernos les han robado la infancia.
