El tráfico de estupefacientes y las ejecuciones que de ello derivaban no son hechos aislados
En la última columna de este 2025 resulta inevitable hacer un somero recuento de algunos de los hechos que más repercusión causaron en nuestra Baja California.
Sería larga la lista de acontecimientos que llamarían nuestra atención, y desde luego no puede faltar el recuento de los daños que pasan por las muertes violentas perpetradas en nuestra entidad.
De acuerdo al reporte “La guerra en números” de Tresearch, Baja California cierra el año con mil 681 ejecuciones, lo que la coloca en el tercer peor lugar solo antecedida por Chihuahua con mil 774 y por Guanajuato con 2 mil 538
Si bien cerramos lejos de los 2 mil 450 casos registrados en 2024, las cifras siguen siendo altas comparadas con la población de entidades donde la proporción nos coloca en desventaja, de ahí que en más de una ocasión Tijuana ha sido considerada la ciudad más violenta del mundo.
Pero no es solo la muerte de hombres y mujeres muchos de ellos anónimos, algunos cuantos conocidos por sus actividades, la que nos lacera sino los delitos que la acompañan: el robo desmesurado, el consumo de droga que tanto nos ha puesto en la mira del gobierno de Estados Unidos y sus efectos en el tejido social fronterizo.
Nada de esto ocurre al margen de las autoridades estatales y municipales que de este mar de sangre y droga toman su tajada.
El tráfico de estupefacientes y las ejecuciones que de ello derivaban no son hechos aislados ni acciones al margen de los referidos gobiernos. Son actos que forman parte de una estructura que -lo hemos informado sin ser desmentidos-, le reditúan más de 60 millones de dólares a un alcalde, sin contar un secretario de gobierno o un secretario de seguridad, entre los principales beneficiados.
Con este escenario cerramos un 2025 complejo en espera de que el año que inicia sea de mejores escenarios.
