Hace ya un año menos unos cuantos días -fue el 11 de mayo-, cuando el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa de turista a la gobernadora Marina del Pilar. Un foco rojo en su administración que se había caracterizado por la frivolidad al mismo tiempo en que las tarifas del agua se encarecían y en que el crimen organizado se adueñaba de Baja California.
El de las tarifas del agua es un referente que ilustra los malos manejos de un rubro que para Avila Olmeda se convirtió en una venganza política contra su antecesor en la silla del Centro de Gobierno, Jaime Bonilla, quien buscaba los mecanismos para abaratar el elevado consumo de electricidad que implica el bombeo del acueducto Río Colorado.
Bajo su mandato, figuras como las de Luis Torres Torres, su cuñado y Armando Carrazco, cuyas compras de propiedades millonarias lo pusieron bajo los reflectores, tuvieron el destino del agua en sus manos.
Un abogado especialista en ese tipo de casos, David Zapp, informó que su clienta habría hecho declaraciones ofensivas contra el gobierno de Estados Unidos, lo cual resultó una mentira.
A la gobernadora le informaron que la raíz del retiro de su visa fue por las investigaciones en curso en contra de Carlos Torres y que para que la administración de Donald Trump le devolviera la visa, debía divorciarse de él.
Por lo visto pesó más la intención de visitar Disneyland o de comer una hamburguesa del In-N-Out que la relación con su marido, pues la mandataria optó por el divorcio.
Pero detrás de la cancelación de las visas a la familia Avila Torres y a otras figuras cercanas al poder, hay investigaciones sobre huachicol fiscal, un entramado de empresarios ligados al lavado de dinero, y lo más delicado del caso, la protección a grupos criminales a cambio de permitirles operar.
Fue la negativa del gobierno marinista por permitir que madres buscadoras trabajaran en una fosa clandestina en el Cañón de las Carretas lo que llevó a autoridades del otro lado de la frontera a hilar sobre la protección que su administración brindaba a grupos criminales.
Ahora, Carlos Torres Torres enfrenta acusaciones en firme, pese a los videos en los que clama su inocencia. Las investigaciones apuntan a los acuerdos entre el ex funcionario y ex esposo quien en contubernio con Pedro Ariel Mendívil, pieza de la Policía Municipal de Mexicali y de la Fiscalía del estado, permitió que grupos criminales trabajaran libremente. Recordemos que nunca antes la capital del estado había registrado el nivel de violencia que presentó durante los últimos cuatro años.
Hay manos manchadas de sangre y a esas ya no las protege ni la estructura de poder ni de medios comprados por el gobierno estatal mediante publicidad o sobornos.
