CIUDAD DE MÉXICO.- Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) analizan solicitar a autoridades federales de seguridad una “opinión favorable” sobre quienes busquen ser candidatos de la coalición rumbo a las elecciones de 2027, ante el creciente desgaste provocado por señalamientos de presuntos nexos entre políticos y el crimen organizado.
La propuesta fue confirmada por la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, quien explicó que en las reuniones internas ya se discuten mecanismos adicionales a la tradicional carta de no antecedentes penales.
“Para nosotros es muy importante que quienes representen a la coalición sean personas honestas y representen nuestros valores”, afirmó.
Buscan blindarse tras acusaciones y escándalos
La medida surge en medio de la presión política y diplomática generada por las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Hernández detalló que la coalición busca que autoridades federales alerten sobre perfiles con posibles riesgos o antecedentes negativos antes de definir candidaturas.
“El segundo es la petición formal a las autoridades de que estos perfiles no tengan un elemento desfavorable”, indicó.
Por su parte, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, reconoció que también se analiza solicitar revisiones preliminares a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría de Seguridad federal.
Admiten crisis de credibilidad
Aunque Morena y sus aliados presentan la propuesta como un mecanismo de “blindaje”, el planteamiento también refleja la creciente preocupación dentro de la alianza oficialista por el impacto político de los casos de corrupción, infiltración criminal y señalamientos internacionales contra funcionarios ligados al movimiento gobernante.
En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado las acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, mientras que sectores de oposición han cuestionado que Morena apenas busque filtros internos después de múltiples escándalos y candidaturas polémicas en distintos estados del país.
Hasta ahora, la coalición no ha detallado cómo funcionaría jurídicamente la “opinión favorable” ni qué autoridades tendrían acceso a la información de los aspirantes.
