WASHINGTON, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas de vigilancia y control sobre el flujo de dinero que sale de Estados Unidos mediante remesas y transferencias transfronterizas, al considerar que estos mecanismos pueden ser utilizados para actividades ilícitas relacionadas con terrorismo, narcotráfico y tráfico de personas.
En un comunicado oficial, la administración estadounidense señaló que no tolerará riesgos para la seguridad nacional derivados de operaciones financieras vinculadas con organizaciones criminales o personas en situación migratoria irregular.
“La administración no permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”, indicó el documento.
Vinculan remesas con lavado y narcotráfico
El gobierno estadounidense afirmó que las transferencias de bajo valor, comúnmente asociadas con remesas, han sido utilizadas en ocasiones para facilitar actividades ilícitas, entre ellas operaciones ligadas al tráfico de fentanilo y a cárteles mexicanos.
Además, sostuvo que investigaciones recientes detectaron redes de lavado de dinero relacionadas con ciudadanos extranjeros que utilizaron cuentas bancarias en Estados Unidos para mover más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales.
Ante ello, Washington ordenó reforzar los mecanismos de identificación y debida diligencia por parte de bancos e instituciones financieras.
La medida contempla advertencias formales a entidades bancarias sobre riesgos asociados con personas no autorizadas para trabajar en Estados Unidos y sus empleadores.
Revisarán créditos y documentos migratorios
La administración Trump también instruyó a los reguladores financieros federales a emitir lineamientos para evaluar riesgos crediticios relacionados con personas sujetas a deportación.
El documento señala que instituciones financieras deberán poner atención especial en hipotecas, préstamos automotrices, tarjetas de crédito y otros productos otorgados a extranjeros sin autorización laboral.
Asimismo, el gobierno revisará los requisitos de identificación financiera, incluyendo el uso de matrículas consulares extranjeras, para determinar posibles riesgos para la integridad del sistema financiero estadounidense.
Las nuevas disposiciones deberán comenzar a implementarse en un plazo de 60 días.
