CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una acción de “justicia selectiva” o esté relacionada con la controversia política generada por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Afirmó que el caso deriva de una investigación ministerial y de órdenes judiciales por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Investigación por presunto huachicol fiscal
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la captura del exmandatario panista no tiene vínculo con el debate político en Baja California. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la investigación tomó cerca de un año y surgió tras el aseguramiento histórico de aproximadamente 15.5 millones de litros de combustible y decenas de carrotanques en Coahuila.
De acuerdo con las autoridades federales, las indagatorias permitieron obtener diversas órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con una red de contrabando de combustibles, entre ellas Ernesto Ruffo Appel, cuya situación jurídica será definida por un juez federal.
PAN respalda a Ruffo
La investigación señala que la empresa Ingemar, fundada por Ruffo Appel y de la que el exgobernador ha reconocido ser accionista minoritario, estaría vinculada con las operaciones investigadas por presunto huachicol fiscal. El exmandatario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que la empresa únicamente realizaba trámites de importación conforme a la ley.
La dirigencia nacional del PAN manifestó su respaldo al exgobernador y expresó confianza en que podrá aclarar las acusaciones. La detención ocurrió el jueves en Ensenada y, según versiones, Ruffo fue trasladado al penal federal del Altiplano, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente ese traslado. La captura se produce en un contexto de alta tensión política en Baja California, donde continúan las repercusiones por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
