MEXICALI, Baja California.- Una denuncia fue presentada este lunes ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, para solicitar una investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas localizadas en Baja California.
El documento, presentado con fundamento en el Artículo 15 del Estatuto de Roma, busca que la Fiscalía de la CPI analice la información y determine si existen elementos para iniciar una investigación de oficio sobre los hechos ocurridos, principalmente en el Valle de Mexicali.
Denuncia documenta fosas y desapariciones
La comunicación fue promovida por la periodista Dianeth Pérez Arreola, en representación de Irma Leyva Sosa, fundadora del colectivo Madres Unidas y Fuertes, como víctima directa. El expediente incluye fotografías, videos, entrevistas y enlaces a publicaciones periodísticas que, según los promoventes, documentan un patrón sistemático de desapariciones forzadas, ejecuciones y la presunta participación o aquiescencia de agentes del Estado.
De acuerdo con el documento, entre junio y septiembre de 2023 fueron localizadas 22 fosas con igual número de cuerpos en el poblado Miguel Alemán. Posteriormente, desde el 8 de enero de 2026, se han recuperado 47 restos humanos en otra zona del mismo poblado, donde hasta ahora se han abierto 24 fosas clandestinas. Los promoventes señalan que varias de las víctimas presentaban signos de tortura, además de haber sido calcinadas o desmembradas.
Solicitan investigación por posibles crímenes de lesa humanidad
La denuncia sostiene que la respuesta de la Fiscalía General del Estado de Baja California ha sido insuficiente para esclarecer los hechos y desarticular a los grupos criminales responsables, pese a que existen investigaciones abiertas contra al menos 20 agentes policiales por su presunta relación con desapariciones y fosas clandestinas.
Los promoventes argumentan que los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, conforme al Artículo 7 del Estatuto de Roma, al considerar que existe un patrón generalizado y sistemático de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura y otros actos inhumanos contra la población civil.
Entre las peticiones formuladas a la Corte Penal Internacional se encuentran admitir la comunicación para un examen preliminar, iniciar una investigación sobre la situación en Baja California, solicitar información adicional a las autoridades mexicanas y a los colectivos de búsqueda, así como reconocer la participación de las víctimas y sus familiares dentro del procedimiento.
