TECATE, Baja California.- La Asociación de Periodistas y Comunicadores de Baja California (APCBC) condenó las amenazas y agresiones denunciadas por el reportero Jorge Ismael Caro Romo, de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), y exigió a las autoridades estatales y federales garantizar su seguridad, investigar los hechos y esclarecer si el ataque está relacionado con su labor periodística.
El presidente de la organización, Jorge Ángel Ramírez Aguilar, señaló que el gobierno estatal y las instituciones de procuración de justicia tienen la obligación de proteger a quienes ejercen el periodismo y actuar ante posibles delitos sin que los trámites administrativos se conviertan en obstáculos para acceder a la justicia.
Según la información difundida por AFN, el sábado 10 de octubre, hombres armados ingresaron al domicilio del periodista en Tecate, lo interrogaron sobre sus actividades profesionales, revisaron la propiedad y le tomaron fotografías junto con su identificación oficial. Además, presuntamente le quitaron un dron y un teléfono celular, y lo amenazaron para impedirle comunicarse.
Ramírez Aguilar expresó preocupación por las presuntas dificultades para presentar la denuncia y gestionar medidas de protección ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece obligaciones para iniciar y desarrollar investigaciones cuando existen indicios de hechos posiblemente delictivos.
Ante esta situación, la APCBC solicitó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dar seguimiento inmediato al caso, mientras que pidió a las fiscalías preservar las evidencias, identificar a los responsables y determinar si la agresión tuvo como motivo la actividad periodística de Caro Romo. También llamó al Ayuntamiento de Tecate a colaborar con las instancias correspondientes para contribuir a su protección.
El dirigente advirtió que el caso se suma a los antecedentes de violencia contra la prensa en Baja California, entre ellos los asesinatos de dos periodistas en Tijuana en enero de 2022 y la agresión contra otra comunicadora que derivó en su desplazamiento temporal.
Finalmente, la asociación reiteró su respaldo al reportero y sostuvo que la exigencia de protección no implica prejuzgar responsabilidades, sino garantizar el cumplimiento de la ley, el esclarecimiento de los hechos y el respeto a la libertad de expresión.
