TIJUANA, Baja California.- La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, acusó públicamente al actual regidor Arturo Aguirre González, conocido como “El Napo”, de presuntamente haberle ofrecido dinero para abandonar los litigios contra empresas relacionadas con el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), señalamiento que el funcionario municipal rechazó categóricamente.
A través de sus redes sociales, Caballero Ramírez aseguró que durante su administración, de 2021 a 2024, mantuvo procesos legales contra las compañías involucradas y que recibió una propuesta económica para dejar de impulsar dichos juicios. Según su versión, el ofrecimiento habría sido realizado por Aguirre González, quien anteriormente se desempeñaba como representante legal laboral de las empresas.
La exalcaldesa también cuestionó las decisiones del XXV Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Ismael Burgueño Ruiz, respecto a un acuerdo relacionado con los litigios del SITT, que, según sus declaraciones, implicaría un monto de mil 600 millones de pesos para las compañías involucradas.
Ante esta situación, solicitó la intervención del Congreso de Baja California y pidió a las barras de abogados revisar el dictamen aprobado por el Cabildo, con el propósito de esclarecer sus posibles consecuencias para las finanzas municipales.
Por su parte, Arturo Aguirre González negó haber realizado algún ofrecimiento económico y sostuvo que la reunión descrita por Caballero Ramírez nunca ocurrió. Además, afirmó que se excusó de participar en las decisiones del Cabildo relacionadas con el SITT para evitar intervenir en un asunto con el que había tenido vínculos profesionales.
“Lamento mucho los comentarios de la señora Montserrat Caballero hacia mi persona, los cuales distan de la verdad. La reunión que describe, en la que supuestamente le ofrecí dinero, jamás existió”, expresó el regidor.
La controversia mantiene versiones contrapuestas sobre el supuesto ofrecimiento económico y las decisiones municipales relacionadas con el sistema de transporte. Hasta el momento, la información difundida no permite confirmar la existencia de la propuesta denunciada ni establecer responsabilidades legales.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre el alcance del acuerdo relacionado con el SITT y sus posibles repercusiones económicas para el Ayuntamiento de Tijuana.
