HERMOSILLO, Son. (apro).- El abogado Juan Antonio Ortega, en representación de decenas de ciudadanos, solicitó al Congreso local el inicio de un juicio político contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Raúl Arturo Ramírez Ramírez, por el supuesto incumplimiento de un deber legal, blanqueo de dinero en Estados Unidos, riqueza inexplicable y ejercicio abusivo de funciones.
La solicitud de juicio político en detrimento del llamado ombudsman sonorense, responde a que no encontró irregularidades en el proceso de arraigo y detención de Gisela Peraza, la exama de llaves de Casa de Gobierno encarcelada sin pruebas durante cuatro años, dos meses y 28 días en la administración de Guillermo Padrés.
La exempleada doméstica fue golpeada y torturada antes y durante su captura, según consigna el expediente 54/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, el ombudsman local desdeñó la denuncia de la inculpada.
Cuando Peraza fue liberada, interpuso una demanda penal contra Padrés y 18 de sus exfuncionarios por la presunta comisión de los delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Además, ella y su abogado solicitaron a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) que el presidente de la CEDH rindiera declaración sobre el caso. No obstante, éste se negó a rendir un informe, al grado que tramitó un amparo para no presentarse ante un juez.
En la solicitud de juicio político contra Ramírez Ramírez se añaden copias de cuentas bancarias que acumulan 20 millones de pesos en transacciones en el periodo de 2012 a 2015, cantidad injustificable si se compara con los 93 mil pesos que recibe mensualmente en ingresos.
El abogado Juan Antonio Ortega informó que al acusado se le encontró una fortuna de medio millón de dólares en bancos estadunidenses en una investigación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
La petición de juicio político también se fundamenta en el ejercicio indebido de funciones del titular de la CEDH, luego de despedir injustamente a 39 trabajadores y la contratación injustificada de otros 100 empleados.
Asimismo, documenta que en la Comisión existen cinco empleados que cobran sin trabajar, conocidos como “aviadores”, y acusa que Ramírez Ramírez contrató a cinco de sus parejas y exparejas sentimentales.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso local, la panista Célida López, se ha rehusado por semanas a emitir una declaración sobre estas irregularidades encontradas.
Y ante la omisión institucional y gubernamental en este caso por supuestos acuerdos políticos originados en el PAN, hace unos días la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) ofreció total apoyo al abogado Ortega para fortalecer la solicitud de juicio político.
“Para estar al frente de la oficina de derechos humanos, se requieren humanos derechos, que no abusen del poder”, ironizó el litigante Ortega.
Al respecto, el presidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, argumentó que no emitió resolución alguna en el caso de Gisela Peraza porque fue atraído por la CNDH. En referencia a las investigaciones en su contra, explicó que el artículo 14 de la Comisión a su cargo le ofrece la garantía de no ser sujeto a investigaciones procesales.
“En los siete años que llevo aquí en la Comisión, jamás he recibido alguna recomendación, una corrección de plana y ni siquiera se ha señalado una irregularidad cometida por nuestra parte. Entonces, estamos muy tranquilos y a la espera de cualquier solicitud que se nos pueda hacer”, justificó.
