CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Corte de Apelaciones de Egipto absolvió al expresidente Hosni Mubarak de la muerte de 239 manifestantes durante el levantamiento popular de 2011.
El Tribunal de casación rechazó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, que pidió repetir el llamado “Caso del siglo” sobre la implicación del expresidente en el multihomicidio.
El magistrado Ahmed Abdelqauai consideró que “no hay necesidad de juzgar de nuevo a Mubarak porque ya hay una sentencia definitiva en este caso”, según un reporte de la Agencia de Noticias de Medio Oriente (MENA).
El exmandatario, quien dejó el poder en febrero de 2011, luego de 18 días de protestas de miles de manifestantes que exigían su renuncia, fue condenado en 2012 a cadena perpetua por su culpabilidad en la muerte de decenas de personas, aunque dos años después fue absuelto de todos los cargos.
Mubarak fue acusado de incitar a la muerte de cerca de 900 manifestantes durante la ola de protestas desatadas el 25 de enero de 2011, en el marco del “Despertar árabe”, que lo obligó a renunciar después de más de 30 años en la presidencia.
“La Cámara Superior de Apelaciones de Egipto ha encontrado a Hosni Mubarak inocente de la implicación en el asesinato de manifestantes durante el levantamiento de 2011”, destacó el fallo, emitido este jueves después de una extensa audiencia.
De acuerdo con el reporte de la agencia estatal de noticias MENA, durante su comparecencia de este jueves, el exmandatario egipcio negó todos los cargos respondiendo con un escueto: “nunca”, a las preguntas del fiscal sobre su implicación en la muerte de los participantes en las protestas.
Desde su arresto en abril de 2011, Mubarak, de 88 años de edad, ha pasado la mayor parte de su tiempo bajo custodia en un hospital militar cercano a El Cairo, debido a varias enfermedades que padece. Esta mañana llegó a la corte en una camilla.
Pese a la absolución, el expresidente debe cumplir con una condena de tres años de prisión, dictada en 2015 por responsabilidad en cargos de corrupción y la apropiación ilegal de fondos públicos para los gastos de los palacios presidenciales.
