Activistas en Honduras han sido el blanco de una ola de, intimidación y violencia desde que las fuerzas de seguridad del país tomaron medidas enérgicas contra la ola de disturbios sociales provocada por las controvertidas elecciones presidenciales del mes pasado.
Abogados del Movimiento Amplio (MA), un colectivo que representa a las comunidades que se oponen a represas y minas en el norte del país, han recibido amenazas de muerte, mientras que el fundador del grupo ha sido seguido y agredido por hombres armados.
Martín Fernández, de 42 años, quien encabeza una batalla legal contra una represa hidroeléctrica, se vio obligado a huir de su casa y está acompañado las 24 horas del día por voluntarios del grupo estadounidense Testigos por la Paz.
Fernández y otros activistas también han acusado a la policía y el ejército hondureños, así como a civiles armados, de intimidar a los manifestantes que todavía realizan manifestaciones periódicas sobre presuntos fraudes en la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. El domingo se lanzó una huelga nacional antes de la toma de posesión de Hernández este fin de semana.
Miles de fuerzas de seguridad, incluida la policía militar y los oficiales antidisturbios Cobra de élite, han sido desplegados desde las elecciones a fines de noviembre.
Desde la votación, las fuerzas de seguridad han matado al menos a 35 personas; 15 de las muertes ocurrieron en los departamentos del norte de Atlántida y Cortez.
En medio de la ofensiva, los activistas de alto perfil parecen haber sido señalados. Según el grupo de derechos humanos Cofadeh, han surgido informes de fuerzas de seguridad que ingresan a las comunidades con listas de personas detenidas.
Con información de The Guardian
