WASHINGTON, Estados Unidos.- El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que continuarán las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico, al asegurar que, tras el caso contra Rubén Rocha Moya y otros exservidores públicos, “vendrán más”.
En entrevista con News Nation, Blanche confirmó que el Departamento de Justicia mantendrá la ofensiva judicial contra políticos y funcionarios relacionados con cárteles, en un contexto de creciente presión de Washington sobre México en materia de seguridad.
EU endurece su ofensiva
El funcionario defendió las acusaciones presentadas recientemente contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y armas, y dejó claro que la estrategia continuará conforme avancen las investigaciones y acuerdos de cooperación judicial.
Blanche señaló que varios líderes criminales detenidos en Estados Unidos, entre ellos hijos de Joaquín Guzmán Loera y Ismael Zambada García, podrían colaborar con autoridades estadounidenses, lo que abriría la puerta a nuevas imputaciones contra figuras políticas.
Presión creciente sobre México
Aunque el fiscal interino insistió en que la relación con el gobierno mexicano es “positiva”, sus declaraciones evidencian el nivel de presión que Washington busca ejercer sobre instituciones y funcionarios mexicanos bajo el argumento del combate al narcotráfico.
El mensaje también confirma un cambio en la postura estadounidense, que ya no se limita a perseguir únicamente a líderes criminales, sino que apunta directamente a estructuras políticas señaladas de presunta protección o complicidad.
Cooperación con advertencias
Blanche evitó pronunciarse de forma contundente sobre una eventual intervención militar estadounidense en territorio mexicano, aunque dejó abierta la posibilidad al señalar que esa decisión corresponde al presidente Donald Trump.
Mientras tanto, el discurso desde Washington endurece el clima bilateral, al combinar llamados a la cooperación con advertencias públicas sobre más acusaciones y posibles acciones futuras.
Analistas consideran que estas declaraciones no solo tienen implicaciones judiciales, sino también políticas y diplomáticas, al colocar bajo sospecha a actores relevantes del sistema político mexicano en medio de una relación cada vez más tensa entre ambos países.
