TIJUANA, Baja California.- La periodista Adela Navarro Bello, directora del semanario Zeta, denunció una serie de llamadas anónimas intimidatorias que ha recibido desde el pasado 25 de abril, luego de publicar reportajes críticos sobre la Fiscalía General del Estado (FGE) y su presunto ocultamiento de información relacionada con fosas clandestinas en el Cañón de Las Carretas.
Ocho llamadas con advertencias directas
En entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), Navarro reveló que han recibido al menos ocho llamadas telefónicas en las que una voz anónima lanza la advertencia: “Dile a Adela Navarro que se cuide”. Aunque por ahora no las clasifica como amenazas de muerte, sí reconoce que se trata de un patrón de acoso preocupante.
Navarro afirmó haber informado del caso al secretario de Seguridad Pública estatal, Laureano Carrillo Rodríguez, desde el 29 de abril, pero no obtuvo más respuesta que una promesa de investigar. Ante la falta de avances, decidió también compartir el caso con la organización Artículo 19, especializada en la defensa de la libertad de prensa, que este miércoles emitió una alerta pública.
Vínculo con reportaje sobre fosas y visas retiradas
La periodista señaló que las llamadas comenzaron justo después de que el semanario publicara, el 25 de abril, una nota en la que denunciaba que la FGE estaba ocultando información sobre hallazgos de restos humanos en el Cañón de Las Carretas. Posteriormente, el 16 de mayo, se retomó el tema en el contexto del retiro de visas por parte del gobierno de Estados Unidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo, Carlos Torres Torres.
La FGE intentó desmentir que la gobernadora haya frenado las excavaciones, según un comunicado informal transmitido a la periodista Azucena Uresti, lo que ha sido interpretado como un intento de controlar la narrativa mediática en medio del escándalo.
Reacciones: exigencias y respaldo institucional
Artículo 19 exigió a las autoridades una “investigación diligente, imparcial y con enfoque de género” sobre el acoso a Navarro Bello. A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California pidió la implementación inmediata de medidas de protección para la periodista.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar reaccionó la noche del miércoles mediante un mensaje en redes sociales, asegurando que su administración ofreció acompañamiento directo y puso a disposición de Navarro “instrumentos materiales, legales y de seguridad”.
Libertad de expresión bajo presión
Adela Navarro reiteró a AFN que no ha dejado de trabajar y que seguirá ejerciendo el periodismo con responsabilidad. Subrayó que, aunque no busca hacer escándalo, sí es importante visibilizar estas formas de intimidación. “Amenazar a un periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada”, dijo, retomando las palabras de la propia gobernadora.
El caso de Navarro reaviva el debate sobre las garantías reales para el ejercicio del periodismo en México, uno de los países más peligrosos para la prensa, según organismos internacionales.
