TIJUANA, Baja California.- Más de 50 mil familias que residen en la Morita 1y 2, Maclovio Rojas y 3 de octubre viven con el temor de perder su patrimonio gracias al fraude realizado por los gobiernos panistas y por la falta de atención del actual gobierno estatal y de los representantes del Gobierno Federal en el Estado.
Los colonos de dichas demarcaciones son hostigados desde hace varios años por supuestos propietarios de los terrenos que el propio gobierno estatal en la década de los 90 les vendió y que de acuerdo con los afectados compraron de buena fe.
Primer Sistema de Noticias, presentó la problemática al presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera del pasado 15 de marzo y la instrucción del mandatario federal fue la siguiente:
“Hay que investigar cómo está la situación legal y nosotros ayudamos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que tiene que ver con la regularización de la tenencia de la tierra. Le vamos a pedir a Román Meyer que se ponga en comunicación contigo a través de Leti, que le expliques y que vaya con el procurador agrario allá, a Tijuana”, expresó el presidente López Obrador.
Este 26 de marzo, 11 días después, hay buenas noticias, explicó la Lilia Jiménez, presidenta del “Frente para la regularización de la Morita 1 y 2, quien explicó que el presidente López Obrador, esta tomando acciones para asignarles una clave para participar en el programa de Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH), a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para dar certeza jurídica a las familias.
“El gobierno anterior de Ruffo Appel, Kiko Vega y Loreto Quintero nos hicieron fraude porque nos vendieron una tierra federal, no estatal, entonces el Ejido quiere su tierra o quiere su dinero aquel que no quiera pagar 350 mil pesos va para la calle”, expresó la señora Lilia Ramírez quien recordó como en 1993 el gobierno panista de Ruffo Appel, por medio del aquel entonces Inmobiliaria del Estado Tijuana Tecate (Inett) les vendió los terrenos, sin embargo, casi 25 años después, comenzaron a llegar las demandas de desalojo por parte del supuesto propietario Ejido Javier Rojo Gómez.
“El estado se lavó las manos y el Ejido quiere su dinero entonces como le hacemos”
La señora María Cristina Sánchez, es una de las demandas por el supuesto propietario de las tierras, Ejido Rojo Gómez, ella compró el predio al gobierno estatal en la década de los 90 y hoy vive una pesadilla.
“Me sorprendió mucho esta demanda porque tengo pagado todo y tengo hasta titulo de propiedad, he pagado mis servicios y me llego la demanda y pensé que se habían equivocado”, expuso.
Lamentablemente no fue una equivocación y ahora vive con el temor de ser desalojada.
Las familias de la Morita 1 y 2 no son las únicas que fueron victimas de un fraude por parte del Gobierno del Estado, los colonos del Maclovio Rojas enfrentan la misma situación explicó Casandra Naomi Hernández, quien es líder de dicha comunidad.
“Desgraciadamente el Ejido Francisco Villa dice ser el dueño de las 197 hectáreas que comprende el Maclovio Rojas, sin embargo, nosotros desde 1988, mi familia, fundadores y otros y gente de la comunidad inicio este proyecto de patrimonios para las familias desde 1988”, destacó.
Las familias que comprenden la comunidad del Maclovio Rojas suman más de 5 mil. Respecto, a la problemática que enfrentan los colonos de dichas demarcaciones ya fue expuesto también por la Diputada Federal, Irma Andazola, quien confirmó durante una reunión con los afectados, que toda la documentación que los lidérales han recopilado, ya que fue entregada al titular de la SEDATU.
“Todos los documentos que me hizo llegar Rosa Lilia y los lideres de estas colonias yo se los hice llegar a SEDATU, al señor Román Meyer para que tomen cartas en el asunto y les dije que no es justo que la gente este con el pendiente de que les quiten su vivienda; a lo que ellos contestaron que no se les van a quitar”, informó la Diputada Federal.
Lamentablemente, las decisiones del Gobierno Federal son ignoradas por el gobierno del Estado y por los representantes de la federación en el Estado. De acuerdo con la presidenta del “Frente para la regularización de la Morita 1 y 2”, Lilia Jiménez, el secretario General de Gobierno, Catalino Zavala y el delegado Federal Único en el Estado de BC, Alejandro Ruiz Uribe, sostuvieron una reunión con diversos funcionarios buscan solo regularizar una parte de las tierras. En un documento presentado por Jiménez se observa que solo 400 colonos obtendrán la certeza jurídica de su predio, cuando en realidad son 10 mil los afectados.
“Nadie nos da la cara, ni Catalino Zavala, el secretario de Gobernación, nadie nos da la cara a nosotros el pueblo”, puntualizó.
Con información de: Carolina Vázquez
