Afectados de Lomas del Rubí se presentan en Sindicatura Procuradora

TIJUANA, Baja California.- Desde el derrumbe de Lomas del Rubí que afectó a 260 familias tijuanenses han transcurrido más de tres años, periodo durante el cual han pasado varias administraciones municipales y estatales.

Pasadas administraciones hicieron caso omiso de los distintos aspectos que atender para la resolución de este caso. Es por ello que miembros del comité de afectados pidieron con anterioridad a la Sindicatura Procuradora reabrir la investigación a las autoridades omisoras, y en esta ocasión, acudieron para reforzar la misma.

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Mariana Morales, miembro del comité y residente afectada de manera directa, expuso este caso.

“Como afectados y víctimas directas, hoy venimos a aportar elementos de prueba y pruebas supervinientes, debido a que es una investigación que sigue abierta, y que nosotros estamos solicitando que Sindicatura Municipal haga esa investigación a las autoridades que están en esta administración, como a las que ya salieron, para en este caso, fincarles la responsabilidad por las omisiones y corresponsabilidad que ellos tienen”, declaró.

Mariana Morales dijo que incluso se vieron en la necesidad de acudir con autoridades federales, ya que notaban un estancamiento en las investigaciones y puntualizó en la falta de determinación jurídica para investigar al grupo constructor Melo, responsable de este acontecimiento.

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Por su parte, Jorge Arturo Rivas, representante legal de los vecinos afectados, aseveró que las distintas autoridades postergaron la atención a este caso para transferirlo a las administraciones que les sucedieron, y en este sentido puntualizó que podría haber repercusiones legales para gobierno estatal y municipal.

“La omisión que han estado generando es solamente dilatar el proceso, para que llegue una nueva administración y el problema les llegue. De fondo sabemos que no se va a resolver en cuestión de segundos, lo que queremos es que le den fluidez y no lo dejen estancado. Dentro de lo que puede repercutir, es que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento tengan que pagar e indemnizar por el daño moral, el daño patrimonial que recibieron los afectados”, aseveró.

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Con información de Sergio Carrillo.