TIJUANA, Baja California.- Desde el derrumbe de Lomas del Rubí que afectó a 260 familias tijuanenses han transcurrido más de tres años, periodo durante el cual han pasado varias administraciones municipales y estatales.
Pasadas administraciones hicieron caso omiso de los distintos aspectos que atender para la resolución de este caso. Es por ello que miembros del comité de afectados pidieron con anterioridad a la Sindicatura Procuradora reabrir la investigación a las autoridades omisoras, y en esta ocasión, acudieron para reforzar la misma.
Mariana Morales, miembro del comité y residente afectada de manera directa, expuso este caso.
“Como afectados y víctimas directas, hoy venimos a aportar elementos de prueba y pruebas supervinientes, debido a que es una investigación que sigue abierta, y que nosotros estamos solicitando que Sindicatura Municipal haga esa investigación a las autoridades que están en esta administración, como a las que ya salieron, para en este caso, fincarles la responsabilidad por las omisiones y corresponsabilidad que ellos tienen”, declaró.
Mariana Morales dijo que incluso se vieron en la necesidad de acudir con autoridades federales, ya que notaban un estancamiento en las investigaciones y puntualizó en la falta de determinación jurídica para investigar al grupo constructor Melo, responsable de este acontecimiento.
Por su parte, Jorge Arturo Rivas, representante legal de los vecinos afectados, aseveró que las distintas autoridades postergaron la atención a este caso para transferirlo a las administraciones que les sucedieron, y en este sentido puntualizó que podría haber repercusiones legales para gobierno estatal y municipal.
“La omisión que han estado generando es solamente dilatar el proceso, para que llegue una nueva administración y el problema les llegue. De fondo sabemos que no se va a resolver en cuestión de segundos, lo que queremos es que le den fluidez y no lo dejen estancado. Dentro de lo que puede repercutir, es que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento tengan que pagar e indemnizar por el daño moral, el daño patrimonial que recibieron los afectados”, aseveró.
Con información de Sergio Carrillo.