TIJUANA, BC. (proceso).- Cientos de colchonetas y tapetes cubren el piso de la iglesia evangelista Embajadores de Jesús, en Tijuana. Es un galerón de tabique pelón erigido en las terrosas faldas del Cañón del Alacrán, sólo unos metros hacia abajo de un basurero clandestino.
Los 183 ocupantes temporales de la iglesia provienen de Haití. No todos tienen dónde dormir: el lugar de culto, en el que se solía distribuir desayunos a la comunidad vecina, no fue concebido como albergue.
“Nunca me imaginé la dimensión que tomaría esta situación”, dice Zaida Guillén, quien maneja la iglesia con su esposo, el pastor Gustavo Banda. Para ella, que es maestra de preparatoria, la “aventura” empezó a principios de septiembre, cuando invitó a su casa a dos familias haitianas que se disponían a pasar la noche en una banqueta del centro de la ciudad.
El gobierno municipal, rebasado por la cantidad de migrantes haitianos que llegaron a Tijuana desde mayo pasado, le pidió a Guillén que alojara más personas en la iglesia. “Empezamos con 40, después 100 y llegamos a 240”, relata ella. Las autoridades consiguieron colchonetas y alimentos, además de prometer un pronto apoyo financiero.
La mayoría de la ayuda en especie que reciben Guillén y Banda proviene de los feligreses y de la sociedad civil. La profesora solicitó a su escuela un permiso sin goce de sueldo para dedicar este semestre a los migrantes, pero no lo obtuvo.
En los primeros meses los migrantes se hospedaron en cuatro albergues, pero siguieron llegando y tuvieron que improvisarse siete refugios. En septiembre la situación se agudizó; los haitianos ya no cupieron.
Entonces se habilitaron ocho iglesias, como la de Guillén. Actualmente permanecen varados en Tijuana cerca de tres mil haitianos –muchos de ellos mujeres y niños–, la mitad de los cuales renta habitaciones en ocho hoteles y 10 cuarterías de la ciudad fronteriza.
Si bien los migrantes viven en condiciones dignas en la iglesia, como varios le han dicho al reportero, el lugar es precario. Ahora está preocupada: las lluvias imposibilitan el paso de los vehículos a la iglesia. Esto podría impedir a algunos haitianos acudir a su cita con las autoridades estadunidenses.
En la ciudad fronteriza, el fenómeno migratorio rebasó las instancias de gobierno, que dejaron la carga a la sociedad civil. El problema es que, pese al notable impulso solidario, ésta también alcanzó su límite: hace falta personal para atender a la gente y los voluntarios están agotados.
“Totalmente rebasados”
Hasta la fecha ningún integrante del gabinete de Enrique Peña Nieto ha viajado a Tijuana para comprobar la situación, pese que el pasado sábado 8 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a las secretarías de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) y de Desarrollo Social (Sedesol) para “garantizar la adecuada ayuda humanitaria” a los migrantes.
El gobierno estatal del panista Francisco Vega de Lamadrid critica que la federación no destine a Baja California los recursos suficientes para enfrentar el súbito flujo de gente. No obstante, el gobernador se tardó cinco meses antes de visitar los albergues de Tijuana y no otorgó apoyos adicionales a las organizaciones civiles que enfrentan la crisis migratoria.
Carlos Mora Álvarez, presidente del Consejo Estatal de Atención a Migrantes (CEAM), instancia que reúne 60 instituciones públicas y de la sociedad civil, observa que Baja California sólo recibió 7 millones de pesos del Fondo de Apoyo a Migrantes, aun cuando se estima que cada uno de ellos implica un costo de 200 pesos diarios.
Militante priista pero político cercano al gobernador –quien “hizo el favor de invitarme a crear el CEAM”, precisa–, Mora sostiene que Vega tocó “respetuosa pero rigurosamente las puertas de la federación” para conseguir recursos, pues afirma que él no tiene los recursos para atender el problema.
Indica que el 28 de septiembre Vega se reunió con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para desbloquear fondos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) o del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pero no lo consiguió.
El pasado martes 18, el gobernador se reunió con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Según Mora, quien presenció el encuentro, le pidió a la funcionaria que solicitara a Jeh Johnson, titular del Departamento de Seguridad Nacional estadunidense (DHS, por sus siglas en inglés) que su país atendiera a 300 haitianos diariamente. Sin embargo, Johnson sólo aceptó incrementar de 50 a 70 el número de citas por día en San Ysidro.
Y el pasado jueves 16, Mora urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional activar un Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastres (DN-III-E), con el que podría alojar cientos de migrantes en instalaciones militares.
Esta declaración sorprendió al padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante de Tijuana. Dice a Proceso que el funcionario estatal nunca planteó esa idea en el consejo. Es más: el sacerdote neoyorquino afirma que este plan sólo aplica cuando hay una crisis o una emergencia, y las autoridades se empeñan en aseverar que ésta no existe.
Destaca: “El único que está haciendo frente y da la cara por Gobernación es el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM)” Rodulfo Figueroa.
En entrevista en la garita de El Chaparral, a unos metros del cruce hacia San Ysidro, Figueroa dice que “no es la misión del INM el abrir un albergue” porque “no hay una partida presupuestal”.
Al respecto, funcionarios municipales afirman que los asuntos migratorios no le competen al ayuntamiento, pero que éste encaró la situación desde el principio y, pese a sus escasos recursos, asume labores de atención médica, surte a los albergues de víveres, colchonetas y productos de primera necesidad y reparte los migrantes en los alojamientos según los espacios disponibles.
“El ayuntamiento de Tijuana ha trabajado solo –suspira Rosario Lozada Romero, directora de Atención al Migrante del municipio–; la estrategia consistió en fortalecer a los albergues que ya están”. Deplora que “el estado abrió un centro de acopio cerca del Banco de Alimentos de Tijuana (Banati) hace un mes, pero todavía no recibo ningún apoyo”.
En entrevista por separado, Rodolfo López Fajardo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, coincide: “No tenemos una bolsa destinada para el tema de migrantes (…) La sociedad civil ha aportado mucho en especie; el gobierno en efectivo”.
Todos los funcionarios entrevistados coinciden en que la administración de Estados Unidos podría resolver la situación si aumentara su capacidad de recepción de migrantes haitianos.
Otro punto de coincidencia es que, si bien la situación en Tijuana no alcanza la dimensión de crisis –ya no hay migrantes durmiendo en las calles, no hubo incidentes graves y todos reciben algo de comer–, puede desbordarse en cualquier momento porque “siguen llegando”.
Flujo en dos direcciones
Los migrantes haitianos ingresaron a México por Tapachula, presentándose como ciudadanos africanos, sobre todo de la República Democrática del Congo. Los activistas y funcionarios asumen que lo hicieron para agilizar su paso por México. Cuando el reportero le pregunta sobre su origen, uno afirma con seriedad: “Yo soy de Congo y de Haití”.
Según las estadísticas del INM, 7 mil 162 personas originarias de distintos países de África, entre ellos 5 mil 94 congoleses, y apenas 30 haitianos pasaron por la ciudad chiapaneca entre enero y agosto de este año. En 2015 el INM registró la entrada de sólo ocho congoleses.
En Chiapas las autoridades migratorias otorgan a cada migrante un oficio de salida del país con validez de 20 días y con él pueden transitar libremente en México.
Los primeros haitianos, principalmente hombres, llegaron a Tijuana por avión; se trasladaron hacia la garita El Chaparral-San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, donde se entrevistaron con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Poco tiempo después ingresaron a suelo estadunidense para una estancia legal de tres años.
La noticia atravesó el continente por las redes sociales. Miles de haitianos asentados en Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela –entre ellos muchas mujeres y sus niños– se lanzaron en un viaje de varios meses rumbo a Tijuana.
De esa forma el flujo de “congoleses” registrados por el INM se fue incrementando. Pocos días después empezaron a llegar a Tijuana familias de mexicanos que huían de la violencia de Guerrero y Michoacán. Vinieron a la ciudad fronteriza con la información errónea que el gobierno de Estados Unidos otorgaba asilo político en el punto fronterizo de San Ysidro.
Además de este flujo inédito, arribaron a Tijuana miles de mexicanos deportados por la administración de Barack Obama. Hasta el pasado agosto, 22 mil 888 connacionales fueron devueltos a México por esta ciudad, el principal punto de internación de deportados en el país.
En septiembre, las autoridades estadunidenses limitaron a 50 el número de citas por día –cuatro veces menos que lo habitual–, mientras a Tijuana llegaban 300 personas cada 24 horas. “Llegó un momento en que atendíamos a 3 mil connacionales y 4 mil haitianos”, puntualiza Lozaya.
Esa restricción alargó la estancia de los haitianos en la ciudad. Los migrantes que llegaron a mediados de octubre obtuvieron su cita para la primera semana de diciembre. Varios de los que se quedaron en hoteles o cuarterías se quedaron sin dinero y buscaron un alojamiento gratuito. Los albergues se desbordaron.
El Desayunador Salesiano Padre Chava, que distribuye alimentos a las personas más vulnerables y apoya a los mexicanos deportados mediante programas de reinserción social, instaló cientos de colchonetas en su edificio, aunque éste “no era para dormir”, señala el padre Ernesto Hernández, encargado del lugar.
Unas cuadras adelante, a unos pasos de la línea fronteriza, el albergue Juventud 2000 improvisó un campamento en el patio trasero de su albergue.
