CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el argumento de que la Asamblea Legislativa local violó cuatro principios constitucionales en materia presupuestaria, los jefes delegacionales en Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Miguel Hidalgo presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la aprobación, publicación y entrada en vigor del decreto de Presupuesto de Egresos 2017.
Pablo Moctezuma, Rigoberto Salgado, Claudia Sheinbaum y Avelino Méndez, militantes de Morena, y Xóchitl Gálvez del PAN, denunciaron que el presupuesto aprobado por los legisladores en diciembre pasado viola los principios constitucionales de proporcionalidad, congruencia, equidad, transparencia, que rigen la materia presupuestaria.
En la controversia, de acuerdo con un comunicado conjunto, los denunciantes argumentaron que la ALDF no cumplió con el artículo 122 constitucional que la obliga a sujetarse al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que a su vez dice que para elaborar el presupuesto de las delegaciones se deben considerar los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano.
“La ALDF no previó la aplicación de dichos recursos ni hace ninguna referencia a la forma en que tuvo en consideración los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano para determinar la distribución de los denominados recursos adicionales”, dijeron.
De la misma forma, agregaron, el decreto presupuestal incumplió con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal en sus artículos 28, 29 bis, 39 y 43. Lo anterior, dijeron, “dificultará, cuando no hará inviable, cualquier análisis para medir la eficiencia en el uso de los llamados recursos adicionales, por carecer, además, de un destino y de objetivos ciertos”.
Los delegados inconformes alegaron que hubo una asignación “arbitraria” de recursos. Por ejemplo, a las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, ambas gobernadas por el PAN, les asignaron recursos adicionales por 253 millones 917 mil 51 pesos y a 84 millones 639 mil 17 pesos, respectivamente, cuando ambas tienen un Índice de Desarrollo Humano superior a la media nacional, concentran la población de más altos ingresos, disponen de los mejores equipamientos de salud, educación, cultura y recreación y gozan de la mayor calidad y nivel de servicios de agua, drenaje, electrificación y transporte.
Otra comparación: Magdalena Contreras, gobernada por el PRI, le asignaron recursos por 245 millones 453 mil 149, pese a que cuenta con una población estimada de 243 mil 886 habitantes, mientras que la Miguel Hidalgo tienen 364 mil 439 habitantes y una población flotante de aproximadamente 192 mil personas.
Más: A Benito Juárez y Cuauhtémoc, ésta del PRD, les asignaron recursos por 253 millones 917 mil 51pesos y 209 millones 669 mil 739, respectivamente. Las dos demarcaciones tienen una población menor a los 677 mil 104 habitantes de Tlalpan, a la cual le asignaron solo 74 millones 639 mil 17 pesos.
Porcentaje por partidos
De acuerdo con la controversia, a las seis delegaciones cuyos titulares son militantes del PRD, partido al que pertenece el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, les fue asignado 51% de los llamados recursos adicionales.
En cabio, a las cinco delegaciones gobernadas por Morena, sólo les dieron 18%.
Además, a las 10 delegaciones cuyos titulares militan en los mismos partidos que los diputados que aprobaron el decreto –PRD, PRI y PAN– les asignaron 79% de los llamados recursos adicionales, mientras que a las delegaciones de Morena y a la Miguel Hidalgo panista, les correspondió el 21% restante.
Los delegados inconformes aseguraron que “es notorio que el Órgano Legislativo no fundó ni motivó la repartición de los recursos conforme a los principios de proporcionalidad, congruencia, equidad, información, transparencia, que rigen la materia presupuestaria y de manera arbitraria e irracional determinan cantidades sin atender a ningún razonamiento lógico-jurídico”
Como resultado de ello, agregaron, se hizo una asignación de recursos “inequitativa y discrecional, sin tomar en consideración las características y condiciones propias de cada una de las 16 delegaciones, existiendo al efecto un proceso de discriminación en contra de los titulares que signan la demanda y como consecuencia un detrimento al erario y a los derechos fundamentales de los habitantes de estas cinco demarcaciones”.
Por último, los quejosos afirmaron que a pesar de la solicitud de los jefes delegacionales involucrados, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera publicó el decreto “el cual se considera que se derivó de un procedimiento viciado”.
