El nuevo gobierno de México ha rechazado una propuesta de la administración Trump de fondos para acelerar e incrementar su detención y las deportaciones de migrantes centroamericanos con destino a Estados Unidos.
Miles de inmigrantes son detenidos por México mientras viajan por el país para tratar de llegar a Estados Unidos, pero el ministro designado del interior dijo el jueves que no se había hecho ninguna oferta para ayudar a financiar el proceso.
“Eso no se ha puesto sobre la mesa de ninguna manera”, dijo Olga Sánchez Cordero, quien probablemente asumirá la responsabilidad de la seguridad en la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, sin embargo, emitió un comunicado el jueves por la noche diciendo que “seguía evaluando la propuesta” de la administración Trump.
“El gobierno de México continuará con la cooperación en materia de migración que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos”, dijo el comunicado.
Donald Trump se ha comprometido repetidamente a construir un muro fronterizo para detener la inmigración y atener a México con la cuenta. Pero el New York Times informó que la administración Trump ha propuesto pagarle a México para que acelere e incremente su ya sólida detención y deportación de centroamericanos que escapan de la pobreza y la violencia en algunos de los países más asesinos del mundo.
Según la propuesta, resumida en una nota al Congreso, se usarían $ 20 millones en fondos de asistencia extranjera para la eliminación de 17,000 migrantes de México a través de vuelos o viajes en autobús de regreso a Centroamérica, según el New York Times. El objetivo del programa sería reducir el flujo de migrantes que llegan a la frontera.
Las detenciones de unidades familiares que entraron ilegalmente a Estados Unidos desde México aumentaron un 38% en agosto con respecto al mes anterior, dijeron el jueves las aduanas y la protección fronteriza de Estados Unidos.
México implementó una polémica campaña de migrantes llamada “plan de la frontera sur” en 2014 en respuesta a una salida de niños migrantes de América Central. Se intensificó la aplicación en los estados del sur, estableció controles de inmigración y dejó de permitir a los inmigrantes robar los viajes en los trenes de mercancías.
