Amnistía Internacional (AI) ha acusado este miércoles a las autoridades españolas de “obstruir” sistemáticamente las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura del general Francisco Franco (1939-75).
Cuarenta y un años después de la muerte del dictador, “no es el olvido el problema de España, es la obstrucción para que nunca se investiguen los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo, ni dentro ni fuera del país”, ha declarado a la prensa en Madrid el director de AI para España, Esteban
Beltrán.
“Los tres poderes del Estado -Parlamento, Gobierno y poder judicial- se han puesto de acuerdo en incumplir las obligaciones internacionales del Estado para investigar estos crímenes imprescriptibles”, añadió.
En España, según él, el poder judicial “deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas”. Además, desde que una jueza argentina abrió una investigación sobre esos crímenes, “la Fiscalia general cierra la puerta a la colaboración”, añadió.
En 2010, varias víctimas de la dictadura presentaron una querella en Argentina. La jueza María Servini invocó el principio de justicia universal para lanzar una orden de arresto contra 19 españoles, entre ellos algunos exministros de Franco todavía vivos.
En una nota interna del pasado 30 de septiembre consultada por la AFP, la Fiscalía General del Estado explicó por qué no debía colaborar con la justicia argentina.
“Aun en el altamente improbable caso de que se individualizara un responsable vivo y con capacidad de obrar procesal, las autoridades españolas no podrían conceder la extradición, por tratarse de hechos competencia de los tribunales españoles, prescritos y amnistiados”, argumentaba Consuelo Madrigal, entonces fiscal general del Estado, y recientemente relevada del cargo.
La alta funcionaria invocaba, además, la Ley de Amnistía aprobada en 1977, que junto con la Constitución del año siguiente, conformaron “importantísimos hitos” para la transición a la democracia.
Para Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, estos argumentos entran en conflicto con las responsabilidades de cualquier Estado de derecho. “Estamos hablando de crímenes imprescriptibles: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc”, argumentó, en referencia al Derecho Internacional.
A su lado, Antonio Narváez, de 83 años, explica que sigue buscando los
cadáveres de su padre, asesinado en 1936, y de su madre, detenida y desaparecida aquel mismo año.
Amnistía recordó también que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “las amnistías (…) que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales son incompatibles con las obligaciones de todo Estado de investigar los crímenes”.
