Borrar de la faz de la tierra a los cárteles del crimen organizado
Mientras el zar fronterizo de Estados Unidos Tom Homan presume que los cárteles del narcotráfico han sufrido severas mermas en sus ingresos, la violencia crece en fronteras como Tijuana y Mexicali, y este hecho no parece ser casualidad sino consecuencia de la dificultad para contrabandear drogas a territorio estadounidense.
La amenaza de “borrar de la faz de la tierra a los cárteles mexicanos”, es una lectura parcial del zar de la frontera pues salvo que México permitiera una incursión militar en territorio nacional, estas agrupaciones criminales seguirán operando, y es un hecho que este permiso nunca será otorgado.
Pero el primer efecto de este freno en el cruce de estupefacientes, y en el desplome de los recursos que llegan a manos de los traficantes y de sus secuaces que operan desde los altos mandos de diversas corporaciones policiacas, es la necesidad de allegarse ingresos, y para ello, los cárteles mexicanos no se cruzan de brazos.
Ya hemos visto cómo estas agrupaciones criminales diversifican su portafolio de inversiones y enfocan sus esfuerzos en el robo de combustible o “huachicol” de la mano de personajes como Gerardo Novelo y hay dudas sobre la participación del ex gobernador Ernesto Ruffo.
También cobran cuotas a los traficantes de indocumentados o “polleros” y en casos extremos se dedican a uno de los delitos más deleznables como es el secuestro.
Hoy en día el cobro de piso es uno de los delitos más redituables y menos riesgoso porque la cifra negra es muy alta puesto que poco se denuncia y representa un nivel de riesgo muy bajo para estos individuos.
Mientras que en otras latitudes las bandas criminales se dedican al despojo de propiedades y el cobro a los productores de cultivos como los del limón, del aguacate y del tomate, o de los criadores de pollo y otros alimentos, en la frontera sus fortalezas están centradas en seguir manteniendo el dominio de colonias aledañas al muro fronterizo y a zonas clave del estado donde desembarcan y resguardan los cargamentos de droga.
Ensenada, San Felipe y Rosarito son dos ejemplos de estos puntos de trasiego de droga y de especies marinas restringidas, mientras que Tijuana y Mexicali son plazas estratégicas para el control del comercio interno y de la exportación.
Es tal la virulencia con la que se enfrentan estos grupos criminales, con apoyo de las corporaciones policiacas a las que tienen en la nómina, que han convertido a Baja California en una zona de guerra y si el gobierno federal no interviene decididamente, las balas seguirán alcanzando a una población indefensa.
