Aprueba España reforma laboral para detener la temporalidad

ESPAÑA.- Este martes, el gobierno español aprobó una reforma laboral pactada con patronal y sindicatos, que tiene como objetivo acabar con los contratos temporales y la inestabilidad laboral.

El primer ministro, Pedro Sánchez, afirmó en Twitter que esta reforma “supone un hito en nuestra legislación”, celebrando la creación de “un nuevo marco de relaciones laborales para garantizar el presente y futuro de los trabajadores/as”.

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Así pues, el gobierno revisará la reforma adoptada en 2012 por el ejecutivo Mariano Rajoy, la cual según sus detractores incrementó la inseguridad laboral en España, país europeo con un porcentaje récord de contratos temporales.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, afirmó que “hay jóvenes y mujeres, lo destaco, que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida, y ahora les vamos a dar la oportunidad de romper con el paradigma o la trampa de la precariedad”.

Díaz agregó que esta reforma pasa “página a la precariedad en España, y esto me parece que es el gran reto que teníamos como país, el gran déficit que tenía España y es lo que nos hace singularmente diferentes en la Unión Europea”.

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La reforma laboral impone que la contratación indefinida sea la norma, prohíbe despedir a los funcionarios por motivos económicos e instaura permanente los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), un mecanismo que se creó durante la pandemia de coronavirus para evitar que los trabajadores perdieran su salario y empleo por la suspensión de la actividad en sus empresas.

El proyecto de ley aprobado por el consejo de ministros aún deberá ser aprobado por el Parlamento, en una fecha que no se ha especificado.

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La reforma del mercado laboral de 2012 estuvo creada por la necesidad de reactivar la economía española, devastada por la crisis financiera de 2008. Esta reforma logró un fuerte descenso de la tasa de paro, de casi el 27 por ciento en 2013, a cerca del 16 por ciento en la actualidad, pero a costa de una gran inseguridad laboral.

Con información de La Jornada