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Aprueban indemnización para víctimas de la tragedia del Aeroshow en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Cabildo del municipio de Chihuahua aprobó por unanimidad la indemnización de las víctimas directas e indirectas del accidente del festival Aeroshow, ocurrido el 5 de enero de 2013, donde murieron nueve personas, entre ellas cuatro niños, y más de cien resultaron heridas.

 

De las personas lesionadas, solo 58 interpusieron querella.

 

En sesión de Cabildo celebrada hoy, después de dos administraciones que se negaron a hacerlo, los regidores de todas las fracciones aprobaron pagar 70 millones 915 mil 569 pesos a las víctimas directas e indirectas que firmaron un acuerdo reparatorio con el Municipio.

 

La regidora panista,  Adriana Díaz Negrete, asentó que el accidente ocurrió por graves omisiones e irregularidades cometidas por los organizadores del evento, tanto en la planeación como en el desarrollo.

 

Ante la magnitud y trascendencia del acontecimiento que enlutó a los chihuahuenses, dijo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja para documentar las violaciones a los derechos humanos y emitió una recomendación en la que solicitó la reparación del daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas.

 

En esa indemnización, se tenía que incluir la atención médica de las víctimas que lo requirieran, como prótesis y equipo médico necesario, así como la atención psicológica adecuada.

 

Díaz Negrete refirió que esta administración municipal está convencida del derecho que les asiste a las víctimas a la reparación integral de los daños que les fueron ocasionados y a recibir la indemnización correspondiente, así como del deber de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

 

La consecuencia, abundó,  es que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar, pero sobre todo, reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos por la ley.

 

La regidora abundó en que el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias de la actividad administrativa irregular y reestablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados.

 

“Esta administración no es indiferente al dolor (…) En forma directa, pública y de frente a la comunidad chihuahuense, aceptamos la responsabilidad que tuvo la administración municipal en los daños que les fueron ocasionados, en la pérdida de vidas humanas y en las lesiones sufridas por decenas de personas, daños que no se agotaron en un solo momento, sino que se prolongaron por otros tres años más y aún siguen sufriendo sus consecuencias. Por lo que es un deber y obligación de esta administración municipal resarcir, en la medida de lo posible, todos los daños ocasionados en función de las necesidades de cada una de las personas involucradas, de manera inmediata, real y efectiva”, dice el dictamen aprobado.

 

De los diez convenios aprobados, cinco establecen la indemnización correspondiente por el fallecimiento de seis personas, acontecimiento que enlutó a cinco familias y representan la pérdida de hombres, mujeres y niños.

 

Con estos convenios se brinda atención a seis víctimas directas y 16 víctimas indirectas.

 

Los otros cinco convenios establecen la indemnización correspondiente por los daños personales, físicos y psicológicos ocasionados a 16 personas. En total son 38 víctimas consideradas en los convenios.

 

Asimismo, se comprometieron a construir un memorial de las víctimas en el lugar del accidente, en el parque El Rejón, para “enaltecer y respetar la memoria de las víctimas; y que la tragedia que vivieron en lo personal y que sufrimos como comunidad, nunca y bajo ninguna circunstancia se vuelva a repetir”.

 

El pago de las indemnizaciones compromete a futuras administraciones, acotó la regidora independiente Graciela Ramos, y el Ayuntamiento explicó que los montos y plazos establecidos se encuentran plenamente justificados y no afectan el interés público.

 

Con el pago, “buscan establecer un precedente positivo de resarcimiento y evitar que cualquier ente de gobierno incurra en actividades y omisiones que ocasionen daño a los gobernados, y que en caso de que ello ocurra, los ciudadanos reciban la justa retribución a la que tienen derecho como medida de protección, respeto y garantía a sus derechos humanos y los de sus seres queridos”, agregaron.

 

Alcaldesa ofrece disculpas a las víctimas

 

La presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván, ofreció disculpas a las víctimas y sus deudos durante la firma de los convenios por las omisiones que tuvieron en la organización del evento y en la atención a los afectados la institución municipal y las administraciones priistas que la antecedieron.

 

Campos indicó que hay ocasiones en que los actos de gobierno pueden ser causas directas de tragedias y de dolor humano.

 

“Ese es el dolor humano evitable: el que si los gobiernos actúan como es debido, con la diligencia, el cuidado, el respeto a la ley podemos evitar que se produzca.

 

“El 5 de octubre de 2013 es una fecha sumamente dolorosa para nuestra comunidad, es también un ejemplo triste de cómo la actuación y el descuido de funcionarios y gobierno puede llegar a ocasionar el dolor humano al que me he referido”, agregó la alcaldesa.

 

Lo más lamentable de esa tragedia, agregó, es que se pudo evitar porque estuvo en manos de la autoridad haber previsto y corregido muchos de los errores y negligencias humanas que fueron la causa directa de los hechos.

 

“Como presidenta, quiero pedirles perdón a las víctimas y sus deudos, por las omisiones que la institución municipal y las administraciones que me antecedieron, tuvieron en la organización del evento y en la atención a ustedes como deudos”.

 

Precisó que pide el perdón sabiendo que “si bien no cambia el pasado, sí se permite transformar el presente y el futuro con acciones concretas que busquen remediar lo que es irreparable.

 

“Lo que sí está a nuestro alcance es sentar un precedente para que la administración pública asuma la parte que le corresponde; y hoy estamos aquí para cumplirlo”, dijo.

 

 

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