Las vidas de miles de niñas en la Argentina se están poniendo en riesgo debido a que los abortos legales son retrasados y obstruidos por médicos anti aborto que intentan llevar los embarazos a término.
El tema de los médicos en contra de la elección, las instituciones médicas y los funcionarios del gobierno que intentaron deliberadamente retrasar las terminaciones sancionadas legalmente se puso de relieve la semana pasada cuando se supo que una niña de 11 años dio a luz porque los funcionarios de salud retrasaron su solicitud de un aborto. La niña había quedado embarazada después de haber sido violada por el novio de su abuela.
La semana pasada, surgió la historia de Lucía (no su nombre real), quien fue violada por la pareja de 65 años de su abuela. Se le negó un aborto, a pesar de que la ley permite la terminación de los casos de violación o cuando la vida de la mujer está en riesgo. A pesar de que Lucía calificó en ambas cuentas, las autoridades locales en la provincia norteña de Tucumán, donde vive, retrasaron una decisión hasta 23 semanas después de su embarazo.
Para entonces, Lucía no podía físicamente someterse a un aborto vaginal normal. En cambio, tuvo que someterse a lo que se conoce como un aborto por histerotomía, en el que se extrae el feto mediante una pequeña incisión en el abdomen, similar a una cesárea. El feto, rescatado por el personal del hospital, sobrevivió al procedimiento, pero no se espera que viva.
Cecilia Ousset, quien ayudó a su esposo, Jorge Gijena, a llevar a cabo el procedimiento, dijo que estaba “horrorizada” por el resultado del caso.
“En ningún momento fue nuestra intención obligar a la niña a dar [un] nacimiento vivo”, dijo Ousset en una entrevista telefónica salpicada de lágrimas.
Ousset y su esposo son practicantes privados a favor de la elección, convocados por el gobierno cuando el personal del hospital público se negó a llevar a cabo el procedimiento ordenado por el tribunal.
Ousset siente que fueron engañados por una táctica deliberada y finalmente exitosa por parte de los funcionarios provinciales para retrasar el procedimiento el tiempo suficiente para forzar la entrega de un recién nacido vivo.
Según las últimas cifras del gobierno, 2.493 nacidos vivos en 2017 fueron de niñas menores de 15 años. Muchos de estos embarazos son el resultado de violaciones por parte de miembros de la familia. Más de 91.500 nacimientos fueron de niñas de 15 a 19 años.
