Miles de argentinos, la mayoría de ellos mujeres, han iniciado un proceso formal para abandonar la iglesia católica, en protesta por la campaña de la iglesia contra los esfuerzos para legalizar el aborto en el país.
En el mes desde que el Senado del país votó para mantener la prohibición de casi todos los abortos, más de 3,700 personas presentaron solicitudes de apostasía al sínodo argentino, según César Rosenstein, abogado y miembro fundador de la Coalición Argentina por un Estado Laico.
La cifra es un pequeño porcentaje de la población argentina de 44 millones, pero los activistas de la apostasía dicen que el perfil creciente del movimiento indica un cambio cultural en lo que siempre ha sido una nación abrumadoramente católica.
“La apostasía es un acto simbólico y político importante”, dijo Rosenstein, quien dijo que las visitas al sitio web del grupo se habían disparado desde el voto de 100 usuarios únicos diarios a alrededor de 40,000 por día.
La iglesia se opuso firmemente al intento de reforma. Según el diario Clarín, el Papa Francisco hizo un llamado personal a los legisladores antiabortistas para presionar a sus colegas para que rechacen la legislación; muchos senadores invocaron su fe católica durante el debate de 15 horas.
“Nací en 1974 y me bauticé en una capilla militar”, dijo la periodista Soledad Vallejos, miembro del colectivo feminista #NiUnaMenos que hizo una fuerte campaña a favor del aborto legal. “[Pero] no soy un creyente y no me gusta el sentimiento de que la iglesia puede decir que me representa debido a un bautismo en el que no tuve otra opción”.
En Argentina, el 92% de la población se describe a sí misma como católica, a pesar de que apenas el 20% practica su religión de manera regular, y muchos expresan orgullo por un Papa que una vez fue arzobispo de Buenos Aires.
Una reforma constitucional en 1994 eliminó el requisito de que los presidentes argentinos fueran católicos, pero aún existen lazos estrechos entre la iglesia y el estado. La iglesia católica es financiada en gran parte por el gobierno. Los salarios de los obispos son pagados por el estado y las escuelas católicas reciben apoyo estatal, de conformidad con un concordato firmado en 1966 entre el Vaticano y la dictadura militar de 1966-70 de Argentina y un decreto aprobado por la dictadura posterior del país en 1976-83.
Pero un número creciente de partidarios de la apostasía expresa su frustración con la iglesia por su oposición al divorcio y el matrimonio entre personas del mismo sexo (ambos de los cuales, sin embargo, se volvieron legales en 1987 y 2010, respectivamente), así como por el aborto legal.
El papel ambivalente de la iglesia durante la dictadura militar de 1976-83 es también una fuente de rencor.
