CIUDAD DE MÉXICO.- El director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, afirmó que el debate generado por la difusión de los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debe centrarse en la información revelada y no en perseguir la filtración, al sostener que las fuentes periodísticas y las filtraciones están protegidas por la libertad de expresión.
Pide proteger a periodistas y fuentes
Durante una entrevista en el programa Con los de Casa, Maldonado fue cuestionado sobre los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón y las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien planteó que la gobernadora presentara una denuncia por la filtración y el presunto espionaje.
El próximo relator de la ONU señaló que el debilitamiento de los mecanismos de transparencia propicia que las filtraciones y las fuentes anónimas cobren mayor relevancia para el ejercicio periodístico.
Explicó que, cuando se limitan las vías institucionales para acceder a la información pública, las filtraciones se convierten en un mecanismo legítimo para conocer asuntos de interés público, por lo que consideró que las autoridades deben proteger tanto a quienes proporcionan la información como a quienes la reciben y difunden.
Advierte contra investigar a periodistas
Maldonado recordó que en la Ciudad de México existe una legislación que protege el secreto profesional de los periodistas frente a requerimientos judiciales o del Ministerio Público, además de mencionar que durante el sexenio pasado se impulsó un protocolo para proteger a las personas alertadoras.
Asimismo, advirtió que investigar a periodistas por publicaciones derivadas de filtraciones desvía la atención del contenido de la información y termina enfocando el debate en el mensajero en lugar de los hechos revelados.
Finalmente, reiteró que las filtraciones forman parte del ejercicio periodístico y sostuvo que, ante el cierre de los canales institucionales de acceso a la información, corresponde al Estado garantizar la protección de las fuentes y de quienes difunden información de interés público.
