HERMOSILLO, Son. (apro-cimac).- Era el 16 de mayo de 2016 y Citlali (nombre ficticio), una adolescente de 13 años perteneciente a la etnia huichol, no tuvo clases y se quedó en casa, sola porque su padre tuvo que irse a trabajar. Aprovechándose de esa situación, un compañero de trabajo de su padre abusó de ella.
Citlali vive con su padre y sus dos hermanitos en el poblado Miguel Alemán, en la costa de Hermosillo, Sonora. El día del ataque, ella pidió ayuda a sus hermanos quienes corrieron a auxiliarla.
Interpusieron la denuncia de inmediato, pero nadie le informó de sus derechos como víctima: nunca le ofrecieron la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) para evitar el embarazo, no se le ofreció ni se le suministró tratamiento profiláctico para evitar infecciones de transmisión sexual (ITS), mucho menos se le informó de su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que éste ocurriera. Ignoraron por completo la Norma Oficial Mexicana 046 sobre “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, así como la Ley General de Víctimas (LGV).
Su asesora jurídica Nohelia Escoboza Chan informó a estas agencias que son muchas las irregularidades que se han cometido en este caso. El primer error es que el MP no siguió el protocolo de atención a víctimas de violación y sólo la remitió al médico legista, quien certificó las lesiones, pero nunca se canalizó a una institución de salud, por lo que no se tomó ningún tipo de previsiones, ni de embarazo ni de ITS.
El médico legista certificó la violencia física y un dictamen psicológico también corroboró la violencia psicológica que había sufrido, por lo que el MP consignó al responsable ante el juez sexto de lo penal por el delito de violación agravada.
El siguiente error, comentó la abogada, lo cometió el juez que recibió el caso, ya que reclasificó el delito por estupro, lo cual significaría que la niña dio el consentimiento. Ante lo ilógico de la decisión, el MP apeló, por lo que ahora el caso se encuentra en segunda instancia.
La abogada explicó que al ser reclasificado el delito lo pasaron al sistema de justicia penal oral a través de una “audiencia de homologación”, pero esa figura no existe. Además, precisó, todas las actuaciones de la averiguación previa están hechas ante el MP y no pueden ser equiparadas a las actuaciones de un juicio oral. Por si fuera poco, el juez del sistema oral recibió el caso cuando está pendiente la apelación del sistema anterior.
Luego criticó que nadie le ofreció atención de emergencia, pese a ser víctima de violencia sexual, con lo que se violó la LGV y la NOM 046.
Como consecuencia del abuso sexual, Citlali presenta un embarazo de más de 12 semanas de gestación, y aun cuando ha solicitado la interrupción legal del embarazo por violación (ILE), éste no se le ha otorgado, condenó la abogada que lleva el caso.
Cuestionada al respecto, la encargada del área jurídica de la Secretaría de Salud (Ss), Rebeca López Aguirre, dijo en entrevista radiofónica que están “impedidos” (el personal de salud) para realizar la ILE porque el delito que se persigue es por estupro y no por violación, debido a la reclasificación por parte del juez, y agregó que no es su facultad clasificar delitos, por lo que se guían por lo que dicte el juez.
Por si ello fuera poco, alegó que ellos (el personal de salud) acatan el artículo primero de su Constitución local (modificado el 21 de octubre de 2008), que a la letra dice: “Desde el momento de la fecundación de un individuo entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes”.
En un desconocimiento total del tema, la funcionaria señaló que en la entidad no existen antecedentes similares, cuando lo cierto es que en el caso de una menor de edad de Cananea, que fue violada en octubre de 2014 por lo que presentó un embarazo, accedió a la interrupción legal de éste en el Hospital de la Mujer, después de que sus abogados hicieran la petición invocando la LGV, misma que ahora se niegan a cumplir.
Desde mayo de este año el gobierno del estado publicó en su boletín oficial el “Protocolo especializado en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas”, en cumplimiento a una de las recomendaciones de la AVG, pero solamente señala que en caso de violación debe ofrecerse de inmediato la PAE, así como la profilaxis contra VIH/Sida, pero no la ILE.
Para la abogada de Citlali lograr que se practique una interrupción del embarazo a la niña, restablecer sus condiciones de vida y repararle el daño deben ser prioridades para que sus derechos sean restituidos.
