Todo indica que una vez entrado el 2025, la Secretaría de Seguridad concentrará sus baterías en BC por una sencilla razón: aquí tiene base y aliados el CJNG.
Ha estado ocupado en tratar de apagar los fuegos que arden en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, tierra en disputa desde la todavía oscura captura y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada y la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Ya son cuatro meses desde que ambos eventos, ligados por figuras como la del gobernador Rubén Rocha Moya y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, han tenido que centrar los esfuerzos de la seguridad en una entidad donde la solución tendrá que ser política y no solo policiaca.
Otros incendios se han encendido en estados como Chiapas, Tabasco y hasta Querétaro, por lo que los esfuerzos del secretario de Seguridad del gobierno federal deben concentrarse en esos momentos en dichos puntos.
Pero todo indica que una vez entrado el 2025, la Secretaría de Seguridad concentrará sus baterías en Baja California por una sencilla razón: aquí tiene base y aliados el Cartel Jalisco Nueva Generación, el mismo que en 2020 disparó en su contra 414 disparos con rifles de alto poder, con un saldos de dos escoltas muertos, al igual que una mujer inocente, una joven herida y varias lesiones en el cuerpo de Omar.
Y si bien 12 de los 20 atacantes fueron detenidos y sentenciados hasta a 300 años de prisión, hay dos que continúan prófugos: Carlos Andrés Ribera Varela, La Firma, y Francisco Javier Gudiño, La Gallina.
En Baja California, el CJNG goza de buena capacidad de maniobra. Ha tenido y tiene fuertes aliados en puestos estratégicos, desde la Fiscalía de Justicia del estado hasta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tijuana, y aunque algunos de esos aliados ya se retiraron -y con las bolsas llenas de buenas cantidades de dólares-, la espinita sigue clavada en el talón de Omar García Harfuch.
