Un “basurero” industrial amenaza el Altiplano Potosino

 

SANTO DOMINGO, SLP (proceso).- De Wirikuta a Palula o de Real de Catorce a Santo Domingo se extiende el Altiplano Potosino, la región más grande del estado, cuyos pobladores se enfrentan a la amenaza de empresarios mineros de convertirla “en el cementerio tóxico del país”.
Casi siempre con ayuda de funcionarios, los empresarios han impulsado e impuesto proyectos como el de Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro (región Centro), la mina Peñasquito en Mazapil (municipio zacatecano que comparte territorio con San Luis), el confinamiento de residuos peligrosos La Pedrera en Guadalcázar y la operación de concesiones mineras de Real Majestic en Real de Catorce.
Ésta última fue suspendida ante la lucha del pueblo huichol en defensa de sus territorios sagrados, con el respaldo de activistas y ciudadanos (Proceso número 1807).
Ahora se trata de construir un confinamiento de grandes proporciones para depositar residuos industriales en el rancho Palula, entre San Luis Potosí y Zacatecas, destinado a recibir los desechos de más de 3 mil industrias del centro del país. El enorme riesgo que entraña ya provocó la formación del Comité por la Defensa de la Vida en Santo Domingo y municipios circunvecinos.
Es la segunda tentativa de este tipo en ese municipio. La primera se echó a andar en Santa Ifigenia, donde los promotores no consiguieron el permiso de la autoridad local.
Ejidatarios, empresarios ganaderos, sacerdotes respaldados por la diócesis de Matehuala, y recientemente representantes del pueblo Wixárika (huichol) integran el comité defensor de la vida que rechaza el confinamiento, denominado Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos (Cetemim).
En las 20 hectáreas supuestamente autorizadas para el confinamiento se ubican terrenos de uso forestal que forman parte de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), poblada todavía de venados y águilas reales, entre otras especies. La zona de amortiguamiento es de 600 hectáreas.
Sin embargo, los permisos que ya han sido judicialmente impugnados, principalmente por dos motivos: los funcionarios municipales niegan haberlos firmado y los territorios involucrados estarían no dentro de Santo Domingo, sino del lado zacatecano, en Villa de Cos, de acuerdo con registros y documentos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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El empresario y sus políticos

La zona prevista para el confinamiento en Palula está a casi 300 kilómetros de la capital potosina, de los cuales casi 100 son de terracería. Hace meses los habitantes de Santo Domingo vieron con sorpresa que empezó a construirse una carretera, que suponen gestionó la empresa Citsu con ayuda del estado para facilitar el acceso al Cetemim, aunque actualmente la obra está suspendida.
El principal accionista del Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) es el empresario minero José Cerrillo Chowell, también propietario de una gran extensión de Palula.
También son socios de Citsu tres integrantes del gabinete del gobernador Fernando Silva Nieto (1997-2003): David Atisha Castillo, secretario de Ecología y Gestión Ambiental; Olegario Garza Grande, contralor general, y Fausto Cervantes Elizondo, titular de la Junta Estatal de Caminos.
El investigador Francisco Javier Peña Paz, del Programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, señala en entrevista: “Este proyecto se caracteriza por avaricia e impericia: no demuestran conocimiento sobre el tema pero sí mucha ambición. Y sabemos que va combinado con el poder político; detrás está el exgobernador Fernando Silva Nieto”.
Cervantes Elizondo apareció en las primeras presentaciones del proyecto a empresarios y medios, en noviembre pasado. Dijo que el Cetemim se instalaría en una zona donde no representa riesgo para la población, puesto que la comunidad más cercana se encuentra a 12 kilómetros y en ella viven 50 personas.
Añadió que en el confinamiento –en el que se invertirán 300 millones de pesos– se recibirán los desechos industriales de 3 mil empresas de San Luis, la Ciudad de México, el Estado de México y la zona del Bajío, por lo que su instalación se considera “urgente” debido a la escasez de este tipo de instalaciones en el país.
Tras afirmar que “el centro no recibirá materiales explosivos, radiactivos, biológicos o infecciosos”, el extitular de la Junta Estatal de Caminos aseguró que el Cetemim ya tenía permisos en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal a industrial, así como la licencia municipal.
Consultados al respecto, los especialistas explicaron que, según datos de la Semarnat, las industrias del país producen alrededor de 2 millones de toneladas de residuos al año. Añaden que esa cantidad sería depositada en el Cetemim antes de cinco años; después de ese lapso, la empresa prevé que se deposite un millón de toneladas anuales.
Al revisar las dos versiones públicas de las Manifestaciones de Impacto Ambiental del proyecto, los investigadores encontraron varias inconsistencias en la información que proporciona la empresa: los volúmenes de material que será confinado y la efectividad de las geomembranas que se emplearán, similares a las que se utilizan en la minería de tajo a cielo abierto para depositar los residuos.
Lo mismo ocurre con las sustancias utilizadas para el tratamiento de los desechos, entre éstas el peróxido de hidrógeno y el ácido nítrico, que en la cantidad que pretende utilizar la empresa resultan altamente riesgosos.
El especialista Peña de Paz señala: “Socialmente el proyecto es de una gran inequidad. Quieren que la gente que no ha sido beneficiada del desarrollo económico pierda aún más cargando con la basura que produce ese desarrollo”.
Advierte que los riesgos que implican esos desechos también afectarían económicamente a los habitantes de la zona, incluidos algunos exportadores de ganado. “Podemos estar viendo el inicio de la construcción de un cementerio industrial muy peligroso, en donde termine viviendo la gente que no puede pagar otro tipo de terrenos, lo que aumentaría mucho la desigualdad social”.
Indica que el confinamiento representa “una amenaza al derecho humano al disfrute legítimo de los productos del trabajo. Al desvalorizar eso se está expropiando años de trabajo de la gente que está en Estados Unidos o en Monterrey y ha realizado estas construcciones con años de ahorros: de repente eso se queda sin ningún valor, sin hablar de los efectos en la salud”.