CIUDAD DE MÉXICO.-El sector de bienes raíces comerciales en Estados Unidos (EU) se ha vuelto una oportunidad única para los maleantes de todas las nacionalidades de lavar dinero, ya que según un análisis del think tank Global Financial Integrity (GFI) en los últimos 20 años se han invertido al menos 2 mil 600 millones de dólares de fondos sospechosos en esta industria del vecino país del norte.
De acuerdo con el diagnóstico, que recopila 25 casos clave de posible lavado de dinero en bienes raíces comerciales de EU, los 2 mil 600 millones de dólares detectados se invirtieron en 22 estados de la nación estadounidense, entre los que destacan California, Florida y Nueva York, y provienen de 14 países diferentes, entre los que resaltan Rusia y México.
“Los casos analizados confirman nuestras peores sospechas. En los últimos años se ha vuelto cada vez más claro que la combinación de complejos esquemas de financiamiento y la falta de transparencia significa que los bienes raíces comerciales brindan una oportunidad única para lavar enormes cantidades de efectivo con un riesgo de detección relativamente bajo”, se puede leer en el análisis de GFI realizado en conjunto con la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa y el Colectivo de Datos Anticorrupción.
Si bien el informe destaca que la cifra real del lavado en los bienes raíces comerciales de Estados Unidos probablemente sea mucho mayor respecto a los 2 mil 600 millones de dólares detectados para el análisis, en definitiva, este sector ofrece a los sindicatos criminales, cárteles, cleptócratas y estafadores un camino fácil para ocultar y lavar sus ganancias mal habidas.
En general, los tipos de propiedades comerciales registradas en los casos de lavado se dividen en cuatro categorías:
*Propiedades / desarrollos inmobiliarios (terrenos o edificios).
*Instalaciones comerciales como oficinas, estudios de música o propiedades sanitarias.
*Espacios comerciales como supermercados, hoteles o restaurantes.
*Sitios industriales como, por ejemplo, plantas siderúrgicas.
CASOS MEXICANOS
Uno de los escándalos más recientes del sistema financiero, es el fraude de Ficrea por más de 6 mil millones de pesos que afectó a cerca de 6 mil 800 personas, muchas de ellas de la tercera edad. Según las investigaciones, el principal responsable del quebranto es Rafael Antonio Olvera Amezcua, accionista mayoritario de la firma que operaba como sociedad financiera popular.
De acuerdo con el informe de GFI, basado en distintas investigaciones periodísticas, Olvera Amezcua tenía vínculos con más de 100 propiedades en los Estados Unidos, además de otros bienes como yates, vehículos, entre otros.
Se estima que el acusado invirtió cerca de 30 millones de dólares en propiedades de condominios de oficinas y otros tipos de inmuebles ubicados en Texas y Florida.
En el 2019, Olvera Amezcua aceptó perder el derecho de 80 propiedades y otros activos para cerrar una demanda que tenía el fin de recuperar activos perdidos de los ahorradores de la sofipo.
En marzo del 2023, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue condenado a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos.
Sin embargo, el informe de GFI destaca que el político mexicano invirtió 7 millones de dólares en edificios de usos mixtos ubicados en Texas. Las investigaciones judiciales registran que Yarrington lavó el dinero obtenido de los sobornos en propiedades frente al mar, desarrollos comerciales, aviones y vehículos de lujo.
El escándalo de los Legionarios de Cristo va más allá del abuso sexual infantil, pues una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación registra la creación de varios fideicomisos por parte de esta organización para mover fondos por distintas partes del mundo.
De acuerdo con la información recopilada en el informe de GFI, se detectaron dos fideicomisos que movieron en secreto 14 millones de dólares canalizados hacia inversiones en complejos de apartamentos.
En enero del 2021, autoridades estadounidenses anunciaron una acción judicial contra la firma de inversión Sefira Capital LLC, con sede en Florida, por presuntamente aceptar millones de dólares provenientes de ganancias de narcóticos, los cuales fueron lavados por medio de un sistema financiero en la sombra conocido como Mercado Negro de Cambio de Pesos.
Según la investigación, del 2016 al 2020 esta firma recibió millones de dólares de ganancias criminales para invertir en proyectos inmobiliarios, principalmente en el sureste de Estados Unidos.
De acuerdo con el informe de GFI, los fondos provenían de México y se estima una cantidad cercana a los 207 millones de dólares que fueron invertidos en complejos de departamentos, hoteles y edificios de oficinas.
En el informe se presenta una serie de propuestas para impedir el lavado de dinero en el sector de bienes raíces en los Estados Unidos y, además, se reconoce la propuesta que el Departamento del Tesoro presentó en febrero pasado, con el fin de tener una mayor vigilancia sobre las operaciones en efectivo de la venta de inmuebles a entidades legales, fideicomisos y otras figuras jurídicas.
La intención es tener una mayor vigilancia sobre los propietarios reales de las operaciones, pues actualmente, los requisitos en este tipo de operaciones son débiles o inexistentes, especialmente en la parte de presentación de informes por parte de los agentes involucrados en la compra de bienes raíces comerciales.
“El hecho de que 14 de los 25 casos analizados involucren inversiones de personas políticamente expuestas o de oligarcas rusos habla de la falta de debida diligencia y requisitos de presentación de informes para los profesionales involucrados en acuerdos de bienes raíces comerciales”, comentó Tom Cardamone, presidente y director ejecutivo de GFI.
“Aunque sin duda— añadió— es inadvertido por parte de la gran mayoría de los profesionales, los bienes raíces comerciales estadounidenses se están utilizando para facilitar la corrupción en muchos lugares del mundo”.
Con información del portal de noticias El Economista.
