Brasil cierra sus fronteras a los migrantes venezolanos que huyen del hambre

Un juez en Brasil ha impedido que los venezolanos ingresen al estado fronterizo de Roraima a medida que las autoridades locales endurecen su postura contra la avalancha de migrantes que huyen del hambre y las dificultades en su país de origen.

El juez Helder Barreto dijo que había suspendido la entrada de inmigrantes venezolanos hasta que se creen las condiciones para una “recepción humanitaria”, pero los activistas que trabajan con inmigrantes lo consideraron “absurdo”.

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La hermana Telma Lage, del Instituto de Migración y Derechos Humanos sin fines de lucro, que ayuda a los migrantes vulnerables en la capital de Roraima, Boa Vista, dijo que el juez había excedido su autoridad.

“[Los venezolanos] están entrando a Brasil y buscando refugio debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”, dijo. “Lo que tememos es la falta de opciones para quienes están cerca de la frontera”.

Desde 2015, más de 56,000 venezolanos han buscado refugio o residencia en Brasil en medio de la continua agitación política y el colapso económico en su país de origen.

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Pero la avalancha de migrantes ha extendido severamente los servicios de salud y educación en el estado pobre de Roraima.

“No tiene sentido dar la bienvenida a los inmigrantes venezolanos si van a estar sujetos a condiciones iguales o más degradantes aquí”, dijo el juez Barreto.

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Suely Campos, el gobernador del estado de Roraima, dio la bienvenida al fallo y culpó al gobierno federal por una “total” falta de apoyo. “Somos nosotros los que enfrentamos una tragedia social en nuestras fronteras”, dijo Campos en un comunicado.

Campos primero solicitó a la Corte Suprema de Brasil que cerrara la frontera, en una demanda que también le solicitó al gobierno que le reembolse 49 millones de dólares que su administración dijo que había gastado en los refugiados.

El 1 de agosto, ella elevó la apuesta con un decreto estatal que ordena a los venezolanos que muestren los pasaportes antes de acceder a los servicios de salud y seguridad y que ordenen a la policía que deporte a los migrantes que cometieron delitos.

El estado dijo que las asistencias de salud habían aumentado 6.500% solo el año pasado y los delitos habían aumentado un 132% desde 2015, y el aumento que atribuía a los inmigrantes.

Con información de The Guardian