TIJUANA, Baja California.- Abandono, ausencia de seguridad y recursos insuficientes fueron algunas de las deficiencias que enfrentaron las familias durante la jornada nacional de búsqueda de personas desaparecidas realizada en Baja California. Los colectivos Una Nación Buscándote y Ponte en Nuestras Botas Baja California denunciaron falta de respaldo de las autoridades estatales y municipales, pese a que la actividad fue notificada con meses de anticipación.
Angélica Ramírez, integrante de Una Nación Buscándote, señaló que desde mayo se informó oficialmente sobre la brigada, en la que participaron familias de distintas partes del país. Sin embargo, aseguró que no hubo una organización adecuada para garantizar alimentación, hospedaje, transporte y acompañamiento de seguridad. Según su testimonio, el Gobierno estatal argumentó inicialmente falta de presupuesto y posteriormente delegó la responsabilidad a los municipios.
Denuncian búsquedas sin seguridad ni alimentos
Uno de los episodios más delicados ocurrió durante una búsqueda en un predio donde las participantes esperaron alrededor de cuatro horas para obtener autorización de ingreso, debido a desacuerdos entre las autoridades sobre los permisos y la situación legal del terreno. Ante la falta de respuesta, los colectivos decidieron ingresar por su cuenta. Ramírez afirmó que ninguna corporación aceptó acompañarlas, por lo que caminaron aproximadamente cuatro kilómetros sin agua ni protección. En ese sitio, indicó, se han contabilizado 16 hallazgos.
La activista también denunció que 16 madres buscadoras que realizaron actividades de búsqueda en vida en Tijuana se quedaron sin alimentos. Aseguró que, al solicitar apoyo, les informaron que no había presupuesto suficiente y que el municipio habría destinado únicamente 700 pesos. Finalmente, mediante aportaciones y donaciones ciudadanas, consiguieron alimentos y artículos de higiene, protección y seguridad.
Brigada reportó positivos en campo y en vida
Pese a las dificultades, la jornada registró nueve positivos en campo y cinco positivos en vida. Además, permanecían pendientes de confirmación dos posibles positivos en centros penitenciarios y otros dos casos en el Servicio Médico Forense (Semefo), correspondientes a personas originarias de Guanajuato y Guerrero.
Ramírez también acusó que recibieron advertencias para evitar que hicieran públicas las deficiencias de la brigada. Según relató, una subsecretaria les habría señalado que, si ofrecían una rueda de prensa o denunciaban lo ocurrido, el próximo año podrían quedarse sin albergues debido a que los municipios podrían negarles apoyo. La buscadora pidió la intervención de los organismos de Derechos Humanos estatal y nacional para documentar las presuntas omisiones y los riesgos enfrentados por las familias.
La integrante del colectivo recordó que esta fue la séptima ocasión consecutiva en que participa en estas jornadas y exigió que las próximas administraciones municipales y estatales contemplen recursos específicos para las brigadas. Insistió en que las familias no solicitan instalaciones costosas, sino condiciones básicas de transporte, alojamiento, alimentación y seguridad para realizar las búsquedas. “Son siete años pidiendo las mismas gestiones y la misma coordinación”, expresó.
Fotos: Border Zoom