
Algunos coordinadores de estos colectivos cobraron de 5 mil dólares para arriba a los familiares de jóvenes desaparecidos por emprender una búsqueda
La búsqueda de desaparecidos en Baja California y en general en todo México, no ha estado exenta de riesgos, peligros y amenazas.
Y es que aquellos integrantes de grupos criminales que sienten que con estos hallazgos sus “cementerios particulares” son descubiertos junto con sus víctimas, esas que quieren dejar en el olvido.
Basta con que familiares o autoridades investigadoras liguen los nexos entre los cuerpos de quienes se encuentran sepultados para concluir a que grupo criminal pertenecían -si es que formaban parte de alguna célula criminal-, para darse una idea de quiénes los privaron de la vida.
Mandos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del estado dejarán de acompañar a los colectivos de buscadores en sus diversos recorridos, con las consecuencias que esto conlleva.
Para nadie es un secreto que tanto en Baja California como Sonora, Sinaloa y otros estados de la República, los integrantes de estos grupos, principalmente madres buscadores, han sido privadas de la vida por el solo hecho de haberse atrevido a excavar con sus propias manos en busca de los restos de sus hijos.
Fundadores de estos colectivos también revelaron que han sido objeto de amenazas directas por parte de algunos miembros del crimen organizado, por lo que resulta sospechoso el retiro de los elementos que les asistían en cada una de estas búsquedas programadas.
Del otro lado de la misma moneda, también nos encontramos con quienes hicieron de la búsqueda un lucrativo negocio: algunos coordinadores de estos colectivos cobraron de 5 mil dólares para arriba a los familiares de jóvenes desaparecidos por emprender una búsqueda, principalmente durante el periodo de la pandemia de Covid-19 durante la cual era más difícil cruzar de un país a otro para aquellos mexicanos radicados en Estados Unidos que no contaban con la documentación que amparara su legal estancia en la unión americana.
No todo fue labor altruista porque en algunos casos los grupos de buscadores corrieron con suerte y lograron dar con alguna identificación o prenda del desaparecido, en algunos no hubo fallos positivos pero al menos enviaron a los familiares fotografías del sitio de búsqueda como testigo de que sí habían emprendido la tarea.
Así, difícilmente quienes desempeñaron otro tipo de trabajo estarían resignados a volver a sus actividades cotidianas pues tan solo cuatro búsquedas por encargo les generarían 20 mil dólares mensualmente, de los cuales asignarían una parte para agua, comida, gasolina y otros gastos, pero mantendrían en secreto el ingreso a sus acompañantes.
Sin embargo, lo importante es que estos ejemplos no empañen la labor de los grupos colectivos de buscadores sin cuyo trabajo miles de cuerpos de hombres y mujeres no habrían podido ser recuperados, pues no hay duda de que nuestro país se ha convertido en una fosa clandestina.