México es una “enorme tumba oculta”, dijo hoy un funcionario federal al presentar un plan de 400 millones de pesos para financiar los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas y combatir las desapariciones forzadas y los secuestros.
Hablando en la conferencia de prensa presidencial de esta mañana, Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, migración y población en la Secretaría del Interior (Segob), dijo que el plan incluiría una “implementación real” de la Ley General de Desapariciones Forzadas promulgada por el pasado El presidente Enrique Peña Nieto.
Encinas dijo que el año pasado se asignaron 468.9 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solo se gastaron 6 millones de pesos.
“Ese presupuesto fue solo en papel”, acusó, y agregó que este año la comisión utilizará los 400 millones de pesos.
“El objetivo fundamental de este plan. . . Es diseñar, con la participación de los familiares de las víctimas. . . Las políticas y procedimientos públicos. . . para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. . . . ”
También implementará esfuerzos para prevenir los delitos, investigarlos y castigar a los responsables, dijo Encinas.
“Se estima que actualmente hay 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 tumbas clandestinas y alrededor de 26,000 cuerpos no identificados en las morgues. . . “Eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y la violación de los derechos humanos que estamos enfrentando”, dijo.
Encinas dijo que entrevistará a 11 candidatos para el puesto de jefe de la Comisión Nacional de Búsqueda en audiencias públicas esta semana y que para el viernes se nombrará a una persona designada.
Ese funcionario supervisará los esfuerzos de búsqueda del gobierno, incluido el diseño y la implementación de un programa nacional de exhumación y la identificación forense de las víctimas, dijo.
Encinas explicó que el gobierno está trabajando con organizaciones internacionales y las familias de personas desaparecidas para elaborar protocolos para la investigación de desapariciones forzadas, la búsqueda de personas desaparecidas, la exhumación de cuerpos y su identificación.
El objetivo, dijo, es “desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar mejor las tareas de búsqueda en todo el territorio del país, que desafortunadamente se ha convertido en una enorme tumba oculta”.
Encinas dijo que se prestará especial atención a las rutas recorridas por los migrantes a través de México, incluidas las de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, ya que entre el 8% y el 10% de las personas desaparecidas son centroamericanas de los países del triángulo norte de Guatemala. Honduras y El Salvador.
El subsecretario dijo que el mayor desafío del plan es garantizar que se establezcan comisiones de búsqueda basadas en el estado en las 32 entidades, hasta el momento solo se han establecido ocho.
“Tenemos cuatro [estados] donde ya existe un decreto que permite su formación, pero no se ha nombrado a una persona a cargo y en 20 [estados], más de un año después de la promulgación de la ley general [sobre desapariciones forzadas], “Ni siquiera han tomado medidas legislativas para la formación de comisiones estatales, que se necesitan con urgencia”, dijo Encinas.
