Resulta sumamente preocupante que la fiscalía de Justicia de Chihuahua descarte que los actos de esta empresa no se traducen en un delito penal
El hallazgo de casi 400 cadáveres en los patios de una funeraria en Ciudad Juárez destaparon una cloaca, otra más, en lo que a la disposición inadecuada de restos humanos se registra en nuestro país.
Por principio, resulta sumamente preocupante que la fiscalía de Justicia del estado de Chihuahua, a cargo de Carlos Manuel Salas, descarte que los actos de esta empresa no se traducen en un delito penal sino en una sanción administrativa.
Esto por lo que toca a dicho órgano, ya que los familiares con todo derecho pueden proceder a interponer las denuncias por fraude, pero la postura de la fiscalía es a todas luces preocupante ya que justifican con exceso de trabajo, dos años de abandono de la labor por la cual cobraron en total casi los 4 millones de pesos.
Entendemos por simple que parezca, que al momento de morir una persona pierde sus derechos sin embargo sus restos no pueden ser manejados como si se tratase de basura y mucho menos dejar lagunas legales que impidan que para casos como el referido no haya ninguna responsabilidad penal, sino apenas una sanción administrativa.
Irresponsabilidades de esta magnitud han provocado temor y hasta sospechas de crematorios clandestinos en otras ciudades de la República, por lo que en el caso de Ciudad Juárez, y por encima de su Fiscalía de Justicia, debe imponerse el artículo 230 del Código Penal Federal que a la letra dice que se impondrán multas y sanciones a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver.
Toca a nuestros legisladores añadir un adendum sobre este tipo de abandonos, y toca a la Fiscalía General de la República tomar en sus manos este caso para evitar que se repita, pues en México ya no podemos hacer pasar un doble dolor a los familiares de personas que han perdido a un ser querido.
