Caravana con sombrero ajeno

Caravana con sombrero ajeno
Diseño/PSN.SI
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Como si fuese de su propiedad, el gobierno municipal de Tijuana donó hace poco un terreno que hoy ocupan los niños de la zona Este de la ciudad como campos de beisbol, a una fundación que lo destinará a un campo de golf.

Si no fuera porque conocemos la forma en que operan las administraciones emanadas del Partido Acción Nacional, aunque el saco también le queda al PRI y a otros partidos, diríamos que se trata de una locura pero el caso es cierto: estos terrenos que son uno de los pocos espacios deportivos de la zona más marginada de la ciudad, pasaron a manos de la Asociación de Golfistas de Baja California, que con recursos de la Fundación Azteca, pretende crear un campo de golf para niños, un gesto que quiere ser noble al acercar un deporte elitista a los infantes de zonas pobres.

Se trata de un predio  de la colonia El Florido, que con casi 10 hectáreas de extensión está valuado en 37 millones de pesos por una administración que con mucha frecuencia se queja de la falta de recursos para cubrir servicios tan elementales como el alumbrado público, la recolección de basura y mucho más.

Terrenos de este tipo pueden ser utilizados para la construcción de equipamiento urbano como escuelas, campos deportivos pero de deportes que sí están al alcance de la mayorías, bibliotecas, guarderías y hospitales que tanta falta hacen en una de las zonas que por omisión y complicidad de los gobiernos municipales, se ha convertido en un campo de batalla donde urge infraestructura educativa para erradicar los altos niveles de violencia.

¿O acaso cuando nuestras autoridades lanzan ese famoso discurso del fomento a la educación y al deportes como forma de erradicar la violencia solo lo hacen de dientes para afuera, mientras que por dentro convierten predios municipales en negocios particulares?

Ejemplos de estas mañas ya las vivimos en Tiuana, durante la administración de Francisco Vega, quien como alcalde vendió terrenos a precio de remate a sus socios y prestanombres como Enrique Victoria Espinoza y Josefa Romero Barragán, mismos que les compró posteriormente en su calidad de empresario cuando estos predios ya tenían un alto valor comercial.

Con frecuencia, los gobiernos neoliberales alaban las bondades de la participación empresarial en la obra pública, pero lo que ocultan es que esas empresas o son de su propiedad; o que al término de su gestión pasan a formar parte de ellas,  o que dichas compañías financiaron sus campañas, como en el caso de la viciada relación PRI-Odeberecht.

Pero para volver a nuestro entorno, hoy el caso del predio 103 está en manos del abogado José Angel Peñaflor, y está destinado a seguir la misma ruta que los predios de la calle Ocho o del parque “Benito Juárez”: se ha acreditado el interés jurídico para demandar y recurrir a un amparo o un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y tanto la Asociación de Golfistas de Baja California como la Fundación Azteca pueden perderlo porque existen dos condiciones para la donación: que no sea útil para otros servicios públicos y que no haya necesidades comunitarias. Necesidades se registran a diario en la zona Este de Tijuana, pero para los gobiernos insensibles que no las pueden ver, nada más falta que nos digan, al mejor estilo de la reina María Antonieta, “que coman pastel”, sí este es un caso típico de estos gobiernos que hacen caravana con sombrero ajeno.

 

 

 

 

 

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