SAN DIEGO, Estados Unidos.- El pasado 19 de octubre, el mexicano Jose Alfredo Castro Gutierrez falleció en un incidente con agentes del Departamento de Policía de San Diego; sin embargo, no ha sido el único altercado que se ha suscitado en las últimas semanas.
Cuatro días después, otro mexicano perdía la vida en manos de las autoridades migratorias y el 7 de noviembre ocurrió otro deceso de un mexicano en una situación similar.
Ana Ojeda, viuda del señor Castro Gutierrez, en conformidad con los procedimientos del Código de Gobierno, presentó un reclamo ante la ciudad de San Diego, alegando negligencia, agresión, muerte por negligencia y violaciones a los derechos civiles estatales y federales. Este requisito es necesario para poder presentar una demanda civil en tribunal, lo cual se hará en un lapso de dos meses con el apoyo del Consulado de México en San Diego.
“El Gobierno de México, a través del Consulado General de México en San Diego, da seguimiento puntual a este y a otros lamentables incidentes que han ocurrido en esta jurisdicción, y ha solicitado a las autoridades locales conducir una investigación expedita, imparcial y transparente que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades. (…) La Secretaría de Relaciones Exteriores determinará las medidas diplomáticas y jurídicas procedentes en defensa de nuestros connacionales” expresó Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego.
Ahora, Ana Ojeda busca justicia por la muerte de su esposo; más allá de eso, pide que las autoridades emprendan una revisión puntual de este caso para analizar las lecciones correspondientes, y espera que esto que está sufriendo ella ahora no lo sufra ninguna otra esposa o mujer, según lo informó su abogado defensor Eugene Iredale.
En dicha conferencia, no solo estaban presentes el cónsul, la afectada y su abogado, también participaron el director del programa American Friends Service Committee US-Mexico Border, Pedro Ríos; la representante de la Coalición para la Responsabilidad y Transparencia Policial, Christie Hill; y la consejera de Derechos Humanos de Alianza San Diego, Michelle Celleri.
Con la finalidad de aportar al caso, una de las peticiones de mayor peso la hizo Pedro Ríos, pues dijo que se necesitaba “priorizar e invertir en la creación de alternativas humanas que salven vidas en lugar de acabar con ellas”.
Con información de Nazul Lopez
