En dos semanas, los habitantes de Cataluña acudirán a las urnas para votar en un referéndum sobre si separarse de España y formar una república independiente. ¿O lo harán?
Desde que el gobierno de Carles Puigdemont convocó el referéndum para el 1 de octubre, el gobierno central de Madrid ha estado haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar que no suceda. Madrid dice que el referéndum es inconstitucional y también lo son las leyes que el Parlamento catalán aprobó hace una semana, lo que de hecho desconectará a Cataluña del control legislativo y administrativo español si prevalece el voto Sí.
Si la estrategia del gobierno catalán ha sido provocar una reacción de Madrid, ha tenido éxito. El gobierno español se ha negado a discutir el tema, pero ha amenazado con una serie de amenazas, entre ellas tomar el control de las finanzas de Cataluña el 18 de septiembre y abolir su autonomía regional. Ha amenazado con impedir que los dirigentes catalanes ocupen cargos e incluso les advirtió que podrían enfrentar la cárcel. El fiscal general también ha dicho que cualquier alcalde que permita que los edificios de la autoridad local se utilicen como mesas de votación podría ser procesado. Mientras tanto, los alcaldes que dicen que no facilitarán el referéndum están siendo piquetados y enviados por correo de odio por los pro-secesionistas.
Cualquier persona que imprima o distribuya papeletas de votación o que proporcione boletas electorales podría ser procesada, y el gobierno incluso ha amenazado con cortar la electricidad a las escuelas que sirven como mesas de votación. Ha advertido a los trabajadores postales de manejar material electoral. Los Mossos d’Esquadra, la policía catalana que se convirtieron en héroes locales en el manejo de los ataques terroristas del mes pasado, han sido ordenados a intervenir para evitar que se produzca la votación.
El pasado miércoles la Guardia Civil cerró el sitio oficial del referéndum, pero dentro de 24 horas Puigdemont había publicado un nuevo enlace al sitio en su cuenta de Twitter. Julian Assange de WikiLeaks dice que ha estado ayudando a defender el sitio web.
Los críticos del referéndum, entre ellos Ada Colau, alcalde de Barcelona, dicen que carece de las garantías necesarias y no ha establecido un nivel mínimo de participación. Sin embargo, ha llegado a un acuerdo con Puigdemont para facilitar el voto en la capital. Mientras tanto, el gobierno catalán ha enviado cartas a 55.000 ciudadanos pidiéndoles que administren las mesas electorales. En virtud de la ley de referéndum catalán están obligados a participar, pero la ley ha sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de España.
Con información de The Guardian
