El control de España sobre Cataluña se está poniendo a prueba el lunes mientras políticos y funcionarios vuelven al trabajo en medio de la incertidumbre sobre si aceptarán el gobierno directo impuesto por el gobierno central para frenar la candidatura independentista de la región.
El domingo, el gobierno español dijo que el depuesto presidente catalán, Carles Puigdemont, podría ser encarcelado en los próximos dos meses por su participación en la declaración unilateral de independencia del parlamento regional.
La advertencia se produjo cuando cientos de miles de personas tomaron las calles de Barcelona para pedir la unidad de España, dos días después de que algunos diputados catalanes votaran para declarar la independencia y el gobierno español asumiera el control de la región.
El primer ministro de España, Mariano Rajoy, ha despedido a Puigdemont y su gobierno y convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre. En una entrevista con Associated Press, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Alfonso Dastis, dijo que Puigdemont podría “teóricamente” presentarse a la reelección si los tribunales deciden que debería permanecer libre hasta entonces.
Los fiscales españoles dijeron el viernes que presentarán cargos contra Puigdemont por rebelión, un delito punible con hasta 30 años de prisión. “No sé qué tipo de actividad judicial ocurrirá entre ahora y el 21 de diciembre”, dijo Dastis. “Si no lo encarcelan en ese momento, creo que no es elegible”.
Sin embargo, algunos de los miembros más destacados de la administración catalana, incluidos Puigdemont y el vicepresidente, Oriol Junqueras, dijeron que no aceptarán la medida y que solo los catalanes podrían despedirlos.
“No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas”, escribió Junqueras en un periódico catalán este fin de semana.
Con información de The Guardian
