El gobierno español ha acusado al parlamento catalán de haber cometido una “atrocidad constitucional y democrática” al aprobar la legislación para permitir un referéndum de independencia amargamente disputado el próximo mes.
El miércoles por la noche, la coalición gobernante y pro soberana de la región -que tiene mayoría en el parlamento catalán- logró que se aprobara la ley de referéndum de independencia a pesar de las airadas objeciones de los diputados de la oposición, que se quejaban de que se habían ignorado los procedimientos parlamentarios habituales.
La legislación aprobada por 72 votos después de que 52 diputados de la oposición salieron de la sala en Barcelona en protesta al final de una malhadada sesión de 11 horas.
La medida fue denunciada por el Gobierno español, que una vez más dijo que haría todo lo posible en su poder legal y político para impedir que el referéndum de independencia ocurra el 1 de octubre.
El primer ministro español, Mariano Rajoy, ordenó a los abogados del gobierno presentar una queja ante el tribunal constitucional del país para que se anulara la votación.
El Ministerio Público también dijo que está preparando un caso contra funcionarios parlamentarios catalanes -incluida la oradora, Carme Forcadell- por desobedecer las órdenes judiciales anteriores que prohíben los pasos legislativos hacia la independencia.
Los separatistas catalanes insisten en que la rica región noreste tiene un derecho político, económico y cultural a la autodeterminación.
Pero Madrid se opone a la independencia, argumentando que es una violación de la constitución, y se ha negado a ofrecer un referéndum estilo escocés sobre el asunto.
La vice-primera ministra de España, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de “vergonzosa y embarazosa” traición a la democracia ya la Constitución española los actos del día en el Parlamento catalán.
Con información de The Guardian
