TIJUANA, Baja California.- Este martes se determinará la fecha de la primera audiencia para el desahogo de pruebas por el amparo interpuesto este viernes por los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para suspender la refinanciación de la deuda pública del estado debido a diversas irregularidades, indicó Adolfo Solis, doctor en Derecho Fiscal.
“Se aprobó por el Congreso del estado el decreto 335 el que trae cuatro conceptos muy importantes para la vida y el destino del propio estado que son el refinanciamiento de los 12 mil 500 millones de pesos y además los 2 mil 600 millones de pesos para jubilaciones y pensiones de maestros, la desalinizadora de Rosarito y el segundo piso del periférico Zapata. El problema es que en el periférico Zapata es una obra de mil 400 millones de pesos pero el decreto por error dice que el costo total es de 11 mil 600 millones de pesos es decir andan volando 10 mil 134 millones de pesos”, dijo.
De conseguirse la suspensión definitiva el gobierno del estado estaría obligado a corregir las diversas irregularidades identificadas en el decreto que aumentan la deuda pública de Baja California.
“Dentro de la gama de créditos que se piensan refinanciar hay algunos que no vale la pena refinanciar como son los cupones cero y por parte de la desalinizadora hay ciertas inconsistencias, nos encontramos que hay en el contrato falta de todas las empresas que participaron en su creación, en la cláusula 26, los anexos 9, 10, 11, 12 y 15 están en blanco entonces es un contrato ya cerrado no tendrían por qué estar en blanco bajo ninguna circunstancia. Si el procedimiento está mal hecho se va a tener que revocar, a mi me parece que cuando un decreto tiene error en cuatro de los cuatro rubros que se creó me parece que es totalmente injustificado”, agregó.
El decreto contempla también un crédito de 2 mil 600 millones de pesos para el pago de jubilaciones y pensiones del magisterio dinero para una necesidad que al haber sido cubierta ya se planea utilizar en otro rubro algo que de acuerdo con el especialista representa otra inconsistencia.
“Es una cuestión no tanto jurídica sino de percepción social, imagínese que usted fuera el juez y que llegará a manos del juez y le digan oye están en riesgo 10 mil 134 millones y ahí está en tus manos la prueba de que se pueden desviar o que puede haber un error o que alguien los puede cobrar indebidamente”, indicó.
Con información de Fabiola Solano.
