TIJUANA, Baja California.- Aunque la licitación para la reestructuración de la deuda pública por 8 mil 433 millones de pesos de la administración del gobernador Francisco Vega, fue declarada desierta, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE), Gabriel Camarena Salinas advirtió que la demanda de amparo en contra de los proyectos Asociaciones Público-Privadas (APP) contempladas en el mismo decreto continuará.
El tema, dijo el líder empresarial, tendría que ser discutido durante la reunión de los equipos de transición del gobernador y el gobernador electo, cuyo primer encuentro tuvo lugar este miércoles.
“Yo esperaría que se pongan muy bien de acuerdo el gobierno entrante con el gobierno saliente sobre este tema porque hoy empieza formalmente el proceso de entrega recepción”, indicó.
Camarena enfatizó que la posibilidad del aumento de un 35 por ciento en el recibo de agua por el financiamiento de la desalinizadora de Playas de Rosarito es algo que debe analizarse, al igual que la garantía de ingresos por el aforo de 23 mil autos diarios que se brindó a la empresa que construirá el puente Zapata, cantidad que de no obtenerse sería resarcida por el gobierno del estado.
“Para la población sería de mucha tranquilidad que se pongan de acuerdo en ese tema. El decreto tengo entendido deja de surtir efectos hasta el 31 de diciembre de este año en el decreto viene el tema de apps más el financiamiento”, aseveró.
Con información de Fabiola Solano.
