TIJUANA, B.C.- .- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, emitió la Recomendación 2/2019 dirigida al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.
Derivada por vulneraciones a los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad, cometidas por autoridades señaladas como responsables, adscritas al Servicio Médico Forense dependiente del Poder Judicial del Estado, por haber entregado un cuerpo que no correspondía al identificado por sus familiares.
Fue el pasado 17 de abril de 2018, que un hombre de 57 años de edad murió en la Colonia Cumbres de Juárez en Tijuana, por una herida de arma de fuego lo cual quedó asentado en la Carpeta de Investigación No. 1, iniciada en la Unidad de Investigación Especializada contra la Vida y la Integridad de la PGJE; seguido de ello sus restos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo de Tijuana.
Por otro lado, el 23 de abril un hombre de 43 años de edad falleció en el Hospital General de Tijuana, determinándose como causa de muerte las heridas perforantes que presentaba en cráneo y abdomen originadas por proyectiles de arma de fuego, acto que se registró en la Carpeta de Investigación No. 2, radicada en la Unidad de Investigación Especializada contra la Vida y la Integridad de la PGJE; y su cuerpo fue trasladado al Semefo de Tijuana.
El 4 de mayo de 2018 sus familiares acudieron a las instalaciones del Semefo a identificar el cuerpo, determinando que ingresó como persona desconocida el 23 de abril de 2018 dentro de la Carpeta de Investigación No. 2.
El mismo 4 de mayo de 2018, acudieron de nueva cuenta al Semefo para egresar los restos identificados en la Carpeta de Investigación No. 2, para lo cual contrataron una empresa funeraria a fin de que fuera trasladado y sepultado en el panteón “Oakdale Mortuary” en la Ciudad de Glendora, California.
En el mes de mayo de 2018 la PGJE autorizó al Semefo para que enviara algunos cuerpos a la fosa común entre ellos el relacionado con la Carpeta de Investigación por lo que una persona servidora pública adscrita al Semefo, buscó el cuerpo de V1 para enviarlo a la fosa común, observando que los restos continuaban en las instalaciones, lo que implicaba que se habían enviado los restos a la Ciudad de Glendora, California y no los de la otra persona.
Derivado del incumplimiento a los diversos ordenamientos jurídicos referidos, se advierte que las autoridades responsables dejaron de actuar conforme a su mandato como personas servidoras públicas, lesionando el Estado de derecho y dejando de brindar certeza y estabilidad de sus actos como autoridades.
En consecuencia, la CEDHBC formula la recomendación al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado, Salvador Juan Ortiz Morales.
Con información de Ivonne Hernández
