CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El exgobernador César Duarte Juez promovió el amparo 15/2017 contra el juez de Control, Eduardo Alexis Ornelas, quien ordenó reabrir una investigación en su contra por peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de la función pública.
El juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinosa, solicitó a Duarte más información sobre los motivos por los que promueve el amparo para determinar si le concede o no la suspensión.
César Durante promovió el amparo el 15 de enero. La demanda fue presentada en el Distrito Judicial Morelos con sede en Chihuahua, por la defensa de Duarte.
El pasado 19 de diciembre, el juez Eduardo Alexis Ornelas revocó el no ejercicio de la acción penal contra el gobernador César Horacio Duarte Jáquez y el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y ordenó continuar la investigación por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el cuadernillo 234/2016, Joaquín Medina Rosales, del Congreso Nacional Ciudadano, denunció el 26 de mayo de 2016 a los dos exfuncionarios, pero el agente de Ministerio Público a cargo, determinó el no ejercicio de la acción penal, por orden del exfiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz.
La denuncia es para que se investiguen los depósitos que hizo el gobierno estatal al Banco Unión Progreso o Banco Progreso de Chihuahua, así como del Fideicomiso de 65 millones de pesos depositado por el exgobernador y su esposa en el mismo banco.
Los denunciantes piden investigar el patrimonio del gobernador y de Herrera, antes y durante su gestión, así como de las personas cercanas a estos.
El juez ordenó, además, abrir una carpeta de investigación por desacato en contra del coordinador del Ministerio Público que determinó no proceder con el caso porque tuvo otras opciones para atender la denuncia.
Duarte y Herrera estuvieron ausentes por motivos de salud, el primero informó a través de su abogado particular, Ricardo Sánchez Reyes Retana, que está convaleciente de una cirugía de cadera vertebral en Estados Unidos, y el segundo se encuentra enfermo, de acuerdo con su defensor particular, Carlos Aguirre.
La denuncia fue presentada el 25 de mayo de 2016 por Joaquín Medina Rosales, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y el expediente fue concluido el pasado 23 de septiembre, 10 días antes de que concluyera el gobierno de Duarte, mientras que el Ministerio Público declaró el 29 de noviembre pasado, cuando determinaron impugnar el no ejercicio de la acción penal, que fue coaccionado para hacerlo.
El juez explicó en la audiencia que el denunciante solicitó que se reabra la investigación de la carpeta 1921616230, porque el Ministerio Público indicó que no se acreditaron los elementos de enriquecimiento ilícito y peculado, aun cuando hay evidencias de actos de corrupción, autoritarismo y abuso del cargo público.
La denuncia alude al fideicomiso de 65 millones de pesos que creó Duarte en el banco Banorte para luego depositarlos en el Banco Unión Progreso o Banco Progreso Chihuahua, con el fin de capitalizarlo, a pesar de que Herrera era director de la institución y al mismo tiempo, Secretario de Hacienda del gobierno estatal, tal como lo denunció también ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la FGE pero en otra carpeta de investigación, el abogado Jaime García Chávez.
La directora jurídica de la Secretaría de Hacienda, Abril Portillo, explicó que el anterior agente que llevaba el caso, solicitó al Registro Público de la Propiedad información sobre César Duarte, su esposa Bertha Olga Gómez Fong, así como de sus hijos César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofía; también pidió información del excolaborador de Duarte y hoy diputado federal también bajo proceso penal, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, y el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, al Banco Progreso, así como los depósitos que hicieron desde el gobierno hacia esa institución bancaria y otras instituciones financieras.
Tampoco investigaron el patrimonio de César Duarte antes de ser gobernador ni del año 2011 al 2015, ni el patrimonio total al concluir sus funciones y el actual, sólo se concretaron a atender su declaración patrimonial. “Sólo dieron por cierto lo que dijeron ellos”.
Portillo, quien actuó como coadyuvante, dijo que para archivar el expediente, evitaron también investigar a la Unión Ganadera División del Norte o Financiera División del Norte S.A de C.V (cuyo fundador es César Duarte y durante su sexenio fue presidente, Carlos Hermosillo); a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Akala ni a Unión de Crédito Progreso.
El agentes del Ministerio Público que lleva el caso, Francisco González, confirmó las omisiones que hubo en la investigación en la administración pasada.
El abogado de Duarte, Sánchez Reyes Retana hizo referencia a la investigación que lleva la Unidad de Análisis Financiera de la PGR, contra Duarte, Herrera y Hermosillo, por los mismos delitos, justificó que su cliente ha demostrado en las más de mil fojas del expediente, que su patrimonio lo ha obtenido a lo largo de 30 años como empresario ganadero.
El fiscal Francisco González explicó que no se trata de la misma denuncia, puesto que son diferentes denunciantes e insistió en la necesidad de reaperturar la carpeta de investigación, ya que el mismo Duarte, en agosto de 2016, en entrevista ante medios de comunicación, aceptó que su patrimonio asciende a 100 millones de pesos, cuyo origen tiene que aclarar.
El entonces encargado de la Consejería Jurídica agregó que sí había conflicto de intereses en el caso y era posible dicha coacción, pues una hija de Duarte y un hijo del ex fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, son pareja sentimental, relación que según él, vicia el caso, pero el defensor de Duarte pidió no tomar en cuenta ese detalle.
El abogado de Herrera Corral se basó en que ya hay más denuncias contra su cliente por los mismos delitos, por lo que no puede ser procesado por el mismo delito, pero ese argumento fue descalificado por el juez, porque la ley dice que no puede ser juzgada una persona por el mismo delito dos veces y en este caso se trata de una investigación, se denuncian hechos, no delitos porque estos son tipificados por el Ministerio Público.
Justificó también que invertir en Unión Progreso era válido, puesto que el gobierno estatal lo hace desde los años 90, porque en algunos casos ofrecía la menor tasa de interés
González informó que el agente del Ministerio Público federal, Raúl Ángel Castellano Sánchez, emitió un oficio el pasado 28 de junio de 2016, en el que indica que el Ministerio Público local puede conocer de esos hechos, porque se el enriquecimiento ilícito y el peculado, también son del orden del fuero común. “No se contraponen los hechos, motivo de la carpeta de investigación”, aseveró.
“La indagatoria fue unilateral y por el contexto, se debió ahondar en la información de los imputados. No se practicó de manera exhaustiva ni técnica, se condicionó a parámetros de monopolio del Ministerio Público”, dijo el juez Ornelas y ordenó la reapertura del caso de Duarte y Herrera.
