Tijuana, BC.- Viola la Constitución política la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana cuando deja a los usuarios sin abasto de agua ya que la regulación al respecto es muy precisa cuando asienta que deben colocarse reductores pero no retirar los medidores, tal como lo hace el personal del abusivo organismo.
Lucía Saijas, directora jurídica del despacho Borrón y Cuenta Nueva, precisa que “eso es inconstitucional, por ley no se permite que a ninguna persona se le deje sin agua, la idea es que se ponga un reductor pero después de cierto tiempo y que permita el 50 por ciento del flujo del agua, la verdad es que sí están llevándose piezas y dejando a la gente completamente sin agua cuando no está permitido por ley”.
La directora jurídica del despacho Borrón y Cuenta Nueva, Lucía Saijas, explica que en casos de retiro del medidor procede un amparo, y aunque agrega que en Mexicali también se registran medidas de cobro como la colocación de reductores, las tarifas más altas en Tijuana elevan los adeudos en nuestra frontera.
Agrega que dichos adeudos son de “arriba de 2 mil hasta más de 100 mil pesos, nos ha tocado ver, hasta medio millón de pesos en ocasiones no es demasiado lo que les están cobrando de agua han llegado a haber consumos de hasta medio millón de pesos en un mes….
La CESPT oculta a los usuarios que tiene derecho a exigir un ajuste de consumo cuando este se dispara por fugas u otras causas, aún cuando estas tengan lugar en el interior de la propiedad del afectado.
La directora jurídica de Borrón y Cuenta Nueva explica que “a una persona me tocó ver que su recibo de un mes le llegó de 9 mil pesos, a una senora sola discapacitada sin más gente en su casa, y le llegó un recibo por consumo de agua, en un mes… En ese caso se hace un escrito que se presenta directamente ante la comisión y si yo tengo un adeudo por una fuga o algo se me debe adecuar lo que es el costo a lo que yo consumo normalmente y lo demás eliminarlo”.
Si de ahorro de recursos se trata, la Comisión Estatal de Servicios Públicos no es ningún buen ejemplo pues derrocha dinero de los usuarios en campanas publicitarias que intentan descalificar las opciones que la misma ley les otorga a estos para hacer valer sus derechos y exigir que no se les cancele el suministro de agua o se les elimine el excedente por fugas.
“Perfectamente previsto en la ley de la comisión y de lo Contencioso Administrativo si no se llega a un arreglo en la comisión del agua se hace ante autoridad ahora el tribunal de justicia administrativa” sostuvo.
Con información de Juan Arturo Salinas
