IUDAD DE MÉXICO (proceso).- Joaquín Guzmán Loera llegó a ser el narcotraficante más importante en tiempos recientes gracias a la protección de las autoridades mexicanas de todos niveles, sobre todo después de su fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.
Pagó millones de dólares por su protección, armó un ejército particular y confrontó con violencia extrema a sus enemigos para hacer del Cártel de Sinaloa una de las organizaciones delictivas más grandes y prolíficas del mundo.
Movilizó por lo menos 200 mil kilos de cocaína y obtuvo ganancias por 14 mil millones de dólares porque llegó a tener el control de la mayoría de la cocaína que se transportaba y distribuía en el Continente Americano, desde los países del sur hasta Canadá. Su operación se extendió hacia África y Asia, incluidas China e India, como proveedores de precursores químicos para las drogas de diseño.
En un cuarto de siglo, pasó de ser un eficiente operador para mover droga desde Colombia a Estados Unidos a liderar “una empresa de continua actividad delictiva” responsable de fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana destinadas principalmente a ese país.
Considerado por algunos en Sinaloa como un moderno Robin Hood, Joaquín El Chapo Guzmán, de 59 años, además de sus guardias armadas acostumbraba cargar un fusil AK-47 o cuerno de chivo de plata y una pistola calibre .45 milímetros de oro con incrustaciones de diamantes. Sus dos escapatorias de penales de máxima seguridad en México –la primera en enero de 2001; la segunda en julio de 2015–, su capacidad económica de corrupción y los grupos de fuerza que desarrolló lo convierten en uno de los narcotraficantes más peligrosos.
El traslado a Nueva York
Joaquín Guzmán Loera fue entregado la tarde del jueves 19 después de un rápido movimiento de los tribunales en México. En menos de 24 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negaron y dieron por concluidos los dos amparos que tenían detenida su extradición, autorizada por el gobierno de Peña Nieto desde mayo del año pasado.
El Chapo fue sacado del Centro Federal de Readaptación Social número 9, una cárcel de alta seguridad en el desierto de Ciudad Juárez, y entregado a la Procuraduría General de la República (PGR). Los agentes de la procuraduría de inmediato lo pusieron en manos de sus pares estadunidenses, quienes lo trasladaron a la prisión de supermáxima seguridad en Nueva York.
Cuando fue presentado ante la Corte federal de Brooklyn, el Departamento de Justicia le hizo saber los 17 cargos que hay en su contra, entre ellos tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana, conspiración, uso ilegal de armas, homicidio y lavado de dinero.
Por todos esos ilícitos, la fiscalía pide cadena perpetua, luego de que el Departamento de Estado, en su solicitud de extradición, se comprometió con el gobierno de México a no aplicarle la pena de muerte, aun cuando fuera condenado a ella.
La pretensión de la justicia estadunidense, que refiere casi 40 años de actividad delictiva, contrastan con lo ocurrido en México, donde Guzmán no ha podido ser sentenciado por narcotráfico, a pesar de las acusaciones que le ha hecho desde los años noventa.
En más de 20 procesos que se le han abierto desde entonces por homicidio, producción y tráfico de mariguana y cocaína, y otros delitos contra la salud, ha salido absuelto, sin contar los 10 que actualmente se siguen en su contra. De acuerdo con su historial judicial, la justicia mexicana no ha podido declarar a Guzmán Loera como narcotraficante (Proceso 2052).
Declaración de inocencia
En su primera comparecencia ante la Corte federal de Nueva York, el pasado viernes 20, El Chapo se declaró inocente de todos los cargos. Su primera audiencia quedó programada para el próximo 3 de febrero.
El Departamento de Justicia presentó ante esa Corte federal los cargos desde septiembre de 2014, mientras Guzmán estaba recluido en el penal de Almoloya, en el Estado de México, de donde se fugó en julio de 2015.
Estados Unidos se llevó más de 20 años para armar su expediente. Intervinieron la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Servicio Marshal, del Departamento de Justicia, así como el Departamento del Tesoro y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), del propio Departamento del Tesoro, y el Departamento de Seguridad Interior.
La investigación comprende de 1989 a 2014, periodo en el que, de acuerdo con los documentados presentados ante la Corte federal, hay una constante: la protección de la autoridad en México, en particular desde 2001, cuando se fugó por vez primera de un penal de máxima seguridad y se encaminó a convertirse en “el narcotraficante más notorio del mundo”.
En un memorándum que el Departamento de Justicia presentó el viernes 20 ante la Corte para reforzar su acusación, se asegura que Guzmán logró controlar “a funcionarios gubernamentales corruptos de todos los niveles de México y gobiernos de otros países a través de sobornos”.
Esos pagos le permitieron proteger sus embarques de droga de México hacia ciudades de la frontera norte, así como asegurar el paso de éstos cuando cruzaban a territorio de Estados Unidos.
Para las autoridades estadunidenses, la corrupción fue clave para solidificar su poder en México: “Una piedra angular de su estrategia fue la corrupción en cada nivel de gobierno: local, municipal, estatal y nacional, además de extranjeros, a quienes les pagó para asegurar que él y el Cártel de Sinaloa tuvieran libertad de traer toneladas de cocaína desde América del Sur y moverlas libremente a Estados Unidos”.
Precisan que los pagos le garantizaron, además de ese libre paso, que los miembros de su organización no fueran detenidos y que las disputas territoriales se resolvieran a favor de la organización que lideraba el capo sinaloense.
