El reclamo actual de la ciudadanía es contar con un sistema de seguridad pública que esté coordinado con las diversas instituciones en todos sus ámbitos, no sólo interinstitucional sino dentro de las mismas secretarías, manifestó Álvaro González.
El especialista en derecho penal, añadió que partiendo de la premisa de que la seguridad pública es la base para medir la calidad de vida en una sociedad, hay que conocer y aplicar las nuevas tendencias de la aplicación de los principios básicos de la seguridad pública.
Indicó que con motivo de las últimas reformas que ha tenido nuestra Constitución Federal que dieron origen al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) cualquier Estado o municipio que su gobierno aspire a tener instituciones exitosas de seguridad pública deberá velar por la tutela de los derechos humanos; así como ejercer las medidas de forma contundente en programas de impacto de prevención del delito y tener la capacidad de reacción para atender las emergencias que pudieran suscitarse.
“El tema ya no es la depuración policíaca, ya que se cuenta sólo con 400 elementos por turno para salvaguardar la paz social en Tijuana y el NSJP hará una depuración natural del mismo.
Hoy más que nunca existe una mayor necesidad de profesionalizar las instituciones de seguridad pública, particularmente los cuerpos policíacos, ya que con las reformas en cita se convierten en un factor preponderante para el sano desarrollo del cambio radical en la aplicación de justicia y seguridad pública”, declaró.
La finalidad policíaca, agregó, descansa en ser el instrumento para conservar la seguridad de un país, Estado o municipio; pero con frecuencia se observa que es ahí donde existe el problema principal, en lugar de brindar la necesitada solución; pues tanto los nexos con la delincuencia organizada, la incapacidad para desempeñar cabalmente sus funciones, así como el abuso de poder por parte de los servidores públicos encargados de estas tareas, hacen materialmente imposible tener cuerpos policíacos modelos.
Opinó que en ese contexto surgen las mencionadas reformas constitucionales, en las que se ofrecen nuevas políticas públicas en materias relacionadas con la seguridad pública y justicia; cambios radicales que ya fueron llevados a cabo de manera exitosa por naciones vecinas.
“En nuestro país y específicamente en nuestra ciudad, los principales problemas que han surgido en las últimas dos décadas y que hoy en día repercuten en obstaculizar la reforma constitucional, concretamente respecto a las nuevas atribuciones que otorga a los cuerpos policíacos han sido la progresiva aparición de grupos o células de delincuencia organizada, la falta de liderazgo en dichos organismos policiales, los sobornos y las amenazas de los que son víctimas los servidores públicos, así como las aterradoras cifras de decesos originados por esta lucha frontal que día a día libran contra estos grupos criminales organizados”, señaló.
Álvaro González, comentó que es de suma importancia tener conocimiento hacia dónde se dirige el ámbito del derecho, los retos y sobretodo la adecuación del sistema anterior al nuevo, para no caer en el rezago e impunidad y dejar atrás las trabas burocráticas y legales; ya que las corporaciones policiacas y el propio gobierno no han sabido adecuarlo y ello ha propiciado una distanciamiento entre la policía y la ciudadanía, ocasionando que sus instrumentos jurídicos de prevención del delito y combate al crimen se hayan tornado obsoletos, cuando la clave en el rubro de la seguridad es simplemente voluntad política y la adaptación del sistema anterior al nuevo.
