La profesionalización del servicio público en los diferentes ámbitos de la vida nacional será una de las claves para que el sistema nacional anticorrupción logre los objetivos que se está planteando, aseguró Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En este sentido, la designación de todos aquellos servidores públicos operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, debe ser también un proceso supervisado detalladamente con participación de la sociedad civil, que es uno de los objetivos que se está atendiendo actualmente, señaló Salazar, uno de los nueve mexicanos seleccionados por el Senado de la Republica para seleccionar a los cinco ciudadanos que integraran el Comité de Participación Ciudadana en dicho sistema.
Existe, dijo un rezago importante en cuanto a las reglas de desempeño de las y los servidores públicos a todos los niveles así como esfuerzos frustrados en dicha materia y esto es fundamental. Y citó como ejemplo de casos exitosos, el del sistema electoral que ha alcanzado un importante estatus de solidez, capacidad y eficacia, y otro en el servicio profesional de carrera relacionado con la diplomacia mexicana, que ha dado resultados alentadores “pero en otros ámbitos no lo hay”.
El investigador reconoció que el diseño normativo del nuevo sistema anticorrupción es sumamente complejo, en la medida que se busca dotar de certeza al proceso de selección de sus responsables, y en esto juega y debe jugar un papel importante la participación de los ciudadanos.
En esta dirección está encaminado el esfuerzo de los nueve ciudadanos que honorariamente forman el comité de selección, de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. La convocatoria para recibir candidatos vence el próximo día 12 y será importante que se anoten mexicanos de todo el país, considerando que el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá incidencia y presencia en los diferentes estados de la república.
En un esquema más amplio, aceptó, la designación de servidores públicos debe regirse por una apertura para permitir que aun reconocimiento que las instituciones tienen procedimientos diferenciados para ese proceso, y la decisión corresponde a las autoridades legalmente establecidas, “pero esto no está peleado a abrir espacios de participación a personas interesados en el proceso de designación y definición del perfil de la persona idónea, se deben abrir los espacios sin que se desvirtúe el procedimientos legal porque al final lo que impera es una lógica de transparencia y rendición de cuentas”.
“Es complejo pero es necesario, dilata a veces los procesos de nombramiento pero un escrutinio amplio, público y social de la designación de las personas responsables de las instituciones de transparencia, anticorrupción, a la justicia constitucional, de derechos humanos es clave porque se pretende que resistan el escrutinio público. Como sociedad civil es algo que debemos ir exigiendo sin excepciones”, añadió Salazar Ugarte, quien participó en un dialogo en el Colegio de la Frontera Norte.
