CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las manifestaciones de protesta contra el incremento de los combustibles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades federales y locales a garantizar el derecho a la libre expresión y a la protesta social, al tiempo que condenó los actos vandálicos registrados.
El organismo nacional urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a instrumentar medidas anunciadas para paliar los efectos de los incrementos a los precios de los combustibles “en beneficio de los grupos más desfavorecidos y en defensa de sus derechos sociales”.
En un comunicado, advirtió que “es importante la estabilidad económica del país, pero no a costa de su estabilidad social”. Por ello, llamó a Peña Nieto a implementar también “medidas de racionalidad y control del gasto, para el combate efectivo a la corrupción y a la impunidad, que permitan el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin afectar directamente a la economía de las persona y de sus familias”.
Ante los actos de violencia ocurridos durante los últimos días derivados de los aumentos anunciados, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que garanticen “la seguridad, la integridad física y patrimonial de las personas”, sin que ello signifique “afectar el legítimo ejercicio de derechos tales como la libre expresión de ideas y la protesta social”.
La CNDH agregó que las autoridades deben “brindar a la sociedad información objetiva y veraz sobre los hechos que se presenten y las acciones que se realicen en este contexto, a efecto de prevenir que la desinformación y los rumores generen miedo y confusión entre la población”.
Asimismo, condenó “enérgicamente los saqueos y actos vandálicos que se han registrado” y reiteró que “la legitimidad de los reclamos sociales debe estar acompañada de la legalidad de los actos en que se exprese, por lo que no se justifica ninguna violencia como recurso de presión o imposición alguna”.
El organismo advirtió que “el descontento social legítimo, no debe ser utilizado para la consecución de intereses individuales de naturaleza política, económica o de ninguna otra índole”. De ahí que hizo un llamado “a los actores políticos y sociales, a efecto de que tengan una actuación ética, responsable y en el marco de la ley ante estos hechos, que prevenga que se capitalice o se capitalice o se obtenga un beneficio ilegítimo, manipulado aprovechando la indignación social que se advierte”.
Frente a hechos como los ocurridos en los últimos días en que se ha registrado saqueos de tiendas comerciales y bloqueos carreteros, la CNDH recordó que “el ejercicio de todo derecho así como el planteamiento de cualquier protesta, inconformidad o expresión de indignación, debe realizarse invariablemente de manera pacífica, con respeto a los derechos de terceros, sin infringir la ley o atentar contra las instituciones, así como en contra de la integridad física y su patrimonio”.
